El Fiscal Nacional de Perú, Pedro Chávarry, aseguró hoy que se mantendrá en el cargo, pese a los pedidos de que renuncie, tras la crisis política que desató luego de destituir a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que investigan el caso de corrupción conocido como Lava Jato.

En declaraciones a la radioemisora colombiana BluRadio, Chávarry aseguró que no cederá a las presiones, luego que el jueves miles de peruanos protestaron en Lima y otras ciudades para exigir la renuncia del fiscal general.

"No (renuniaré), no. Debemos tener un sentido de responsabilidad, la realidad es una y no la podemos cambiar", enfatizó Chávarry a la radioemisora colombinana.

"Esto (el pedido para que renuncie) lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que es la Junta de Fiscales Supremos, en ese momento voy a pensar bien en las decisiones que se van a tomar y también debo reiterar que ningún fiscal es imprescindible ni el fiscal de la nación", subrayó.

"El desacuerdo se ha generado desde el primer día, reclamos de grupos humanos organizados a fin de cuestionar mi designación. Soy una persona de carrera, tengo 40 años en el sistema de justicia y nunca yo había tenido algún tipo de problema que pueda cuestionar mi actuación y mi carrera", aseguró.

Chávarry, quen asumió como fiscal general el 20 de julio de 2018, enfrenta una ola de protestas de organizaciones sociales y políticas que lo acusan de entorpecer la investigación del caso Lava Jato, a cargo de los fiscales Vela y Pérez, a los que destituyó y luego tuvo que restituir ante la negativa de otros fiscales de asumir sus cargos.

Pérez declaró este viernes a la prensa local que Chávarry es una "vegüenza" para la institución que representa."Ese es el único calificativo que le podemos dar a una persona que vendió la función para intereses políticos", sostuvo en una entrevista con el Canal N.

Argumentó que sus declaraciones se sustentan en la decisión de Chávarry "de habernos removido cuando estábamos ad portas de la firma del acuerdo de colaboración eficaz que va a traer la información y la evidencia para seguir encausando las investigaciones contra las personas que son investigadas o que se pueda ampliar el espectro de investigados en los procesos que sigue el equipo especial".

Las investigaciones del caso Lava Jato se desataron en Perú en 2016 cuando una corte de Nueva York reveló que la empresa Odebrecht habría pagado sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 a autoridades de este país sudamericano.

Según las investigaciones, en Perú se habrían realizado donaciones no declaradas a campañas electorales que financiaron de manera irregular a varios políticos peruanos.

La Fiiscalia investiga a los todos los exmandatarios de Perú que ejercieron el poder a partir de 2001 por presuntos actos de corrupción y lavado de activos, además de políticos como Keiko Fujimori.