El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Educación, donde se crea la figura de “trabajador social” como como coadyuvante necesario en las escuelas de nivel básico y medio superior.

En la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad con 100 votos la reforma a los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de esa ley, que establece que todos los planteles de los niveles básico y medio superior contarán con menos un trabajador social con título de licenciatura, así como con una formación interdisciplinaria y humanista.

La reforma turnada a la Cámara de Diputados establece que el trabajador social en cada escuela será responsable de la atención de individuos o grupos que presenten o estén en riesgo de tener problemas de índole social, académico o situaciones de acoso escolar o lo que ponga en peligro la integridad de los estudiantes.

En tribuna, la senadora por Morena Guadalupe Vázquez Alatorre destacó que con esta reforma los trabajadores sociales serán pieza sustantiva en la contribución a orientar a los educandos, por lo que está nueva figura debe contar con capacitación y los elementos para apoyar a los estudiantes en la orientación académica.

Por otra parte, el Senado aprobó una reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Ley General de Educación, que busca reconocer y garantizar el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles de la educación dirigida a las personas con discapacidad.

Para ello, proponen reformar el artículo 2 en sus fracciones XVI y XVII, el artículo 12 en sus fracciones I, II, al igual que se adiciona una fracción X recorriéndose las subsecuentes y el artículo 15 en su primer párrafo, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y, reformar los artículos 33, fracción IV Bis y 41 de la Ley General de Educación.

Al respecto, la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota indicó que esta reforma busca terminar con la discriminación que prevalece en el sector educativo contra las personas con alguna discapacidad.

Argumentó que las personas con discapacidad no deben ser discriminadas, ni relegadas del sistema educativo; en tal virtud, sus derechos estarán vigentes, siempre y cuando la educación inclusiva no sea paralela a la educación básica.