Suprema Corte atrae amparo sobre defensa adecuada durante investigación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo en revisión 255/2018, sobre los alcances del derecho fundamental de defensa adecuada en fase de investigación en proceso...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo en revisión 255/2018, sobre los alcances del derecho fundamental de defensa adecuada en fase de investigación en proceso acusatorio.

Durante la sesión, el Pleno de la Primera Sala determinó atraer dicho amparo a propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al considerar que el asunto cubre los requisitos de interés y trascendencia nacional, y permitirá fijar un criterio sin precedentes y de relevancia nacional para la aplicación en casos futuros.

Es decir, en determinar los alcances del derecho fundamental de defensa adecuada en la fase de investigación inicial de un proceso penal acusatorio, adversarial y oral.

En la sentencia recurrida, el juez de distrito concluyó que la citación emitida por el Ministerio Publico para que el quejoso comparezca y declare –en calidad de testigo– en una carpeta de investigación no vulnera el derecho de defensa.

Lo anterior, porque el hecho de que el fiscal no le atribuya la calidad de imputado, “conlleva a que no tenga legitimación para hacer valer el debido proceso”, a pesar de que determinados testigos lo “refieran” o señalen como uno de los responsables de los hechos delictivos sujetos a investigación.

El recurrente controvirtió esa interpretación, al sostener esencialmente que la calidad de imputado no debe quedar al arbitrio del Ministerio Público, sino que se adquiere desde el momento en que a una persona se le señala como posible autor o partícipe de un delito.

En este contexto, la Primera Sala consideró que las particularidades del asunto exigen pronunciarse sobre los alcances del derecho fundamental de defensa adecuada, en la fase de investigación inicial de un proceso penal acusatorio, adversarial y oral.

Ello, para determinar si la calidad de imputado se adquiere y, por ende, debe reconocerse desde el momento en que los datos y medios de prueba señalan a una determinada persona como responsable de un hecho considerado como delito, y si dicha calidad procesal se obtiene hasta que el Ministerio Público la reconoce de manera expresa.

Asimismo, los ministros consideraron que en ambos casos es crucial establecer cuál es el estándar probatorio que se requiere para concluir que la información probatoria recabada en una investigación justifica asignar la calidad de imputado a una persona.