Decreto de Seguridad del gobierno italiano lesiona derecho de asilo: CIR

El llamado “Decreto de Seguridad” del gobierno italiano, recientemente aprobado, contiene medidas lesivas del derecho de asilo y limita la posibilidad de protección para quienes escapan de guerras y...

El llamado “Decreto de Seguridad” del gobierno italiano, recientemente aprobado, contiene medidas lesivas del derecho de asilo y limita la posibilidad de protección para quienes escapan de guerras y persecusiones, denunció hoy el Consejo Italiano para los Refugiados (CIR).

En conferencia de prensa en Roma, la abogada del CIR, Eugenia Barone Adesi y la responsable de la oficina de prensa, Valeria Carlini subrayaron que la iniciativa incluye, entre otras medidas, la posibilidad de que los solicitantes de asilo sean retenidos hasta 210 días en los centros de acogida sólo para establecer su identidad.

“Los solicitantes de asilo y refugiados son personas que no han cometido ningún delito: criminalizarlos va en contra de las normas internacionales, por lo que estamos profundamente preocupados”, dijo Barone Adesi.

Señaló que, por una parte, el decreto afectará los derechos de los solicitantes de asilo y, por la otra, comprometerá fuertemente el sistema de acogida e integración que Italia ha construido con grandes esfuerzos en los últimos años.

Recordó que la Convención de Ginebra prevé explícitamente que los países no puedan adoptar sanciones penales contra los refugiados solamente por su entrada irregular a un territorio.

“Muchas de estas normas no son compatibles con los derechos garantizados por la Constitución, serán impugnadas por vía legal aumentando de modo significativo los contenciosos y determinando nuevas situaciones de incertidumbre en la vida de muchos migrantes y solicitantes de asilo”, añadió.

Por su parte, el Alto Comisinado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi denunció que el Decreto de Seguridad es una ley que “está al límite de la violación del derecho internacional”.

En un acto en Milán, Grandi confirmó que expresó su “perplejidad” por la aprobación de ese decreto a los viceprimeros ministros, Matteo Salvini (también ministro del Interior y líder de la Liga), así como a Luigi Di Maio (también ministro del Trabajo y líder del Movimiento 5 Estrellas).

“Llamar a una ley de seguridad e inmigración ya por sí misma clasifica a la inmigración como un problema de seguridad y crea un lenguaje peligroso que puede tener consecuencias gravísimas”, añadió.

El Decreto de Seguridad incluye medidas restrictivas para solicitantes de asilo, facilita la expatriación de los refugiados y limita la protección a los inmigrantes en situación vulnerable.

Entre otras medidas prevé retener a los inmigrantes recién desembarcados en los llamados "hotspots" o centros de identificación por hasta 210 días para que sean identificados y, eventualmente, repatriados.

Igualmente limita la protección humanitaria y en su lugar incluye un permiso de residencia temporal a víctimas de “grave explotación”, personas con problemas de salud, violencia doméstica, calamidad en el país de origen, necesitadas de curaciones médicas y para quienes hayan cumplido actos de valor civil.

El decreto amplía la posibilidad de negar o revocar la protección internacional para quienes sean acusados de violencia sexual, lesiones, robo, violencia contra oficiales públicos, mutilaciones sexuales o tráfico de droga.

Está también prevista la suspensión de la demanda de asilo en caso de peligrosidad social o condena en primera instancia judicial.

Con el objetivo de potenciar las repatriaciones de ilegales el decreto destina 500 mil euros para 2018 y 1.5 millones para 2019 y 2020.