La Procuraduría General de Justicia capitalina determinó los criterios de actuación de los servidores públicos que intervienen en la investigación de delitos vinculados con la violencia sexual, así como en la atención integral de las víctimas de estos, con perspectiva de género, de derechos humanos y atendiendo al interés superior de la niñez.

En un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, indicó que los funcionarios deberan sujetarse a dichas reglas tomando en cuenta de que las víctimas de violencia sexual requieren de una atención que les permita acceder a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

La Procuraduría argumentó que este delito se refiere a toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer.

Describió entre las conductas las miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer.

Recordó que el Grupo de Trabajo creado para analizar la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México estableció la necesidad de contar con un protocolo de actuación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

Ello, para que guíe la actuación e investigación de los delitos sexuales con perspectiva de género, conforme a lo establecido en la normatividad nacional e internacional.

Asimismo, adecuar las condiciones de infraestructura en que se atiendan a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo con sus características personales, que generen seguridad, confort, privacidad y confianza.

Por ende, los servidores públicos deben garantizar una atención de calidad con calidez, profesional, sensible, libre de prejuicios y estereotipos, de tal manera que se generen las condiciones de confianza para que las víctimas del delito participen de manera activa en el proceso.

Y para que, además, aporten la información que se requiere para la investigación del delito y la sanción de las personas responsables de éste; lo que permite a las víctimas recibir la atención integral para la restitución de sus derechos.

En un segundo acuerdo la dependencia detalló las modificaciones a los numerales segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo del Acuerdo A/017/2011, por el que se emite el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Así, la investigación del delito de homicidio doloso cometido en agravio de mujeres, se realizará con respeto a los derechos humanos y perspectiva de género, de conformidad con este Protocolo, y en el momento en que se acredite alguna de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, se ejercerá la acción penal por el delito de Feminicidio.

Además, habrá un Comité Técnico y de Análisis y Evaluación del Protocolo, que realizará un diagnóstico semestral, a través del cual se detecten las “buenas practicas”, así como los obstáculos, defectos, errores u omisiones detectados en la aplicación del Protocolo, precisando la recomendación que al respecto proceda para atender y resolver lo observado.

El Comité estará conformado por las personas titulares del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México;  tres representantes de organizaciones de la Sociedad Civil con experiencia en derechos humanos y perspectiva de género o violencia contra las mujeres, quienes tendrán únicamente derecho a voz.

La presidencia del Comité recaerá en la persona del titular de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, que en sus ausencias será suplida por la persona titular de la subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.