La Conferencia Parlamentaria de las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y del Senado concluyó el análisis de la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y este viernes iniciará la redacción final del dictamen.

Luego de tres días de análisis, la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, informó que el dictamen final se presentará el lunes próximo ante la instancia legislativa que encabeza.

En el último día del análisis de dichas reformas, el priísta Luis Enrique Miranda Nava consideró fundamental que los delegados que participarán en los temas de seguridad pasen por un proceso de control de confianza, a fin que sólo estén las personas con más alta especialidad.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la morenista Juanita Guerra Mena, indicó que el Centro Nacional de Inteligencia fungirá como un sistema que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado y propondrá al Ejecutivo el nombramiento del Comisionado General de la Policía Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias Solís, estimó que todavía queda un poco de tiempo para recoger todas las preocupaciones, sugerencias y recomendaciones de legisladores que busquen mejorar esta iniciativa.

El panista Felipe Fernando Macías Olvera señaló que la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá implicar un marco jurídico organizativo que no sobrepase su naturaleza ni la Constitución Política.

El priista Ricardo Aguilar Castillo alertó que el proyecto de dictamen elimina facultades de coordinación entre órdenes de gobierno en materia de prevención del delito.

Por Morena, Jaime Pérez Bernabé manifestó que el objetivo de la iniciativa es lograr resultados y la creación de la Secretaría romperá todo lo establecido. Explicó que se respeta la autonomía de estados y municipios, y los delegados propuestos no tendrán funciones ejecutivas en materia de seguridad.

Del PAN, la diputada Laura Rojas Hernández subrayó que el proyecto es muestra de un modelo de hiperconcentración de poder; por ejemplo, al determinar que Gobernación designará los enlaces legislativos.

Por su parte la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, destacó que no hay planteamientos de obstruir las propuestas de quien ganó en la voluntad popular; sin embargo, la iniciativa traslada muchas atribuciones a la Oficina de la Presidencia y mantiene una lógica de concentración del poder.

A su vez la también priista Dulce María Saruri Riancho advirtió que los cambios en la Función Pública pueden dar lugar a una colisión con las atribuciones de la Auditoría Superior, que es la encargada de fiscalizar recursos. Recomendó conservar en los términos actuales la inspección del gasto.

En tanto el senador Antonio García Conejo, del PRD, no compartió que el Centro Nacional de Inteligencia sea parte de la nueva Secretaría de Seguridad, pues fue creado para que el presidente y Gobernación tengan información precisa y tomen decisiones.

Por Morena, el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaria sostuvo que se necesita una Secretaría de Seguridad Pública fuerte, con atribuciones normativas suficientes, claras y concretas en el marco de la Constitución, como es generar confianza a los mexicanos y atacar la inseguridad.