El secretario técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Rogelio Miguel Figueroa Velásquez, destacó que la Federación se ha fortalecido en la gobernabilidad de los centros penitenciarios.

Ello, agregó, no sólo por el establecimiento claro y preciso de la política penitenciaria, sino de las propias excepciones del Artículo 18 Constitucional en relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En el marco de la XVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, destacó los mil 130 traslados de personas privadas de su libertad hacia centros federales en lo que va del año.

Figueroa Velásquez resaltó que esto ha contribuido a despresurizar los penales estatales y a fortalecer de espacios dignos para un debido proceso en materia de reinserción social.

En el evento, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, alentó a los participantes en la asamblea a fortalecer los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones necesarias para dignificar la estancia y vida de las personas privadas de su libertad y del personal penitenciario.

Ello, dijo, requiere de esfuerzos, acciones y presupuestos transversales, así como de atención vinculada entre órdenes de gobierno e instituciones de todos los rubros.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, José Raymundo Tuñón Jáuregui destacó que el Sistema Penitenciario estatal ha buscado aplicar los cinco ejes rectores de la reincorporación a la sociedad de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), como son la educación, capacitación para el trabajo, salud y deporte.

Prueba de ello es que en mayo pasado el sistema obtuvo una calificación aprobatoria en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El funcionario estatal reconoció la importancia del encuentro, ya que, con la participación de los encargados de los órganos de prevención y reinserción social del país, se permite a las entidades federativas la oportunidad de perfeccionar los procesos propios e implementar otros que pudieran adaptarse a la particularidad de cada entidad.