El Senado brasileño impuso dos derrotas al plan de recortes del gasto público del presidente electo Jair Bolsonaro, lo que anuncia una complicada relación entre Ejecutivo y Legislativo en el nuevo gobierno de “súper ministros”, que dirigirá al país a partir del 1 de enero.

El Senado aprobó anoche, a pesar del rechazo expreso de Bolsonaro, un aumento del 16.3 por ciento en el salario de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), lo que tendrá un efecto cascada en otros cargos e impactará en las cuentas públicas en cerca de mil 100 millones de dólares de gasto adicional.

En otra votación, la cámara alta también aprobó exenciones fiscales a la industria automotriz por valor de mil 500 millones de reales (400 millones de dólares) anuales y durante los próximos 15 años con el objetivo de estimular el sector de las montadoras.

Las dos decisiones, que se produjeron con Bolsonaro en Brasilia negociando la transición gubernamental a partir del 1 de enero, suponen un revés para su plan de recortes y de contención del gasto público por medio de reducción de funcionarios, privatizaciones y reforma del sistema de pensiones.

Bolsonaro, que otorgará al futuro “súper ministro” Paulo Guedes la conducción de la mayor economía de América Latina, insistió que la prioridad debe ser contener el gasto y aumentar los ingresos para equilibrar las cuentas.

“El Senado quiso enviarle un recado” al futuro presidente, dijo el senador Ricardo Ferraço.

Analistas políticos y la propia Bolsa de Sao Paulo, donde inversores habían apostado en la solidez y viabilidad de la agenda reformista, reaccionaron negativamente a las decisiones de la cámara alta, que podría anticipar una difícil convivencia con el próximo jefe del Estado.

El principal índice del mercado paulista (Bovespa) cayó 1.65 por ciento al final de la sesión.

Bolsonaro, un exmilitar que prometió acabar con la corrupción y con el reparto de cargos a cambio de apoyo político, asumirá el 1 de enero la presidencia del país y necesita el apoyo del Legislativo para sacar adelante sus reformas, entre ellas la del sistema de pensiones, que ya intentó aprobar en vano el actual mandatario, Michel Temer.