Premian a Corte de El Salvador por resguardar protección de migrantes

El Premio Regional de Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional fue otorgado este año a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia...

El Premio Regional de Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional fue otorgado este año a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, por resguardar la protección de los derechos colectivos.

La sentencia de la corte salvadoreña fue reconocida con el primer lugar en esta tercera edición del galardón, cuyo objetivo es alentar la emisión de criterios jurisprudenciales enfocados a los derechos humanos que consoliden el cambio de paradigma que criminaliza a la migración y priva de derechos a los inmigrantes.

Veredictos de tribunales de Colombia y de Argentina ganaron el segundo y tercer lugar, de manera respectiva, de entre las 48 resoluciones que participaron, procedentes de nueve países, incluidos Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México.

Este premio reconoce los fallos que garantizan el acceso a la justicia a migrantes o refugiados, por lo que este año se otorgaron dos Menciones Especiales, una para la Corte de Apelación de Santiago, Novena Sala, en Chile, y otra al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

El primer lugar fue concedido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por la sentencia 411-2017, la cual resguardó el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de la familia a la propiedad, la seguridad y las libertades de circulación y de residencia.

En ese fallo, los magistrados Florentín Meléndez, Edward Blanco, Rodolfo González, José Belarmino y Celina Escolán, concluyeron que los demandantes eran víctimas de desplazamiento forzado. Así, la corte sostuvo que el amparo es idóneo para proteger los derechos de colectivos en condición de vulnerabilidad.

El segundo lugar se otorgó a la Sexta Sala de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana por la sentencia T210/18, en la que los magistrados Gloria Ortiz, Cristina Pardo y José Reyes garantizaron el derecho a la salud de una venezolana a quien se le había negado tratamiento médico de radioterapia y quimioterapia.

La tercera posición fue asignada a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, en Argentina, por la sentencia 3061/2017, que protegió el debido proceso de los migrantes en ese país que estén sujetos a trámites de expulsión, debido a la modificación de la Ley de Migraciones, que vulneraba su libertad ambulatoria.

En cuanto a las Menciones Especiales, la primera fue para la Corte de Apelación de Santiago, Novena Sala, en Chile, por la sentencia 351/2013, que resolvió poner en libertad a 18 personas que fueron privadas de su libertad por periodos que superaron los 20 días en condiciones inadecuadas e indignas.

El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México recibió la segunda mención por la sentencia 357/2018, que protegió el derecho de asociaciones civiles a defender derechos humanos y el derecho de los migrantes privados de su libertad en estaciones migratorias a tener un abogado.

Con estos reconocimientos se materializa una agenda de trabajo con los órganos del poder judicial del continente americano, que abona a garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional.

Este certamen de sentencias es conducido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.; la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Sin Fronteras IAP.

También participan la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México; la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de la capital mexicana.