La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las recomendaciones para fortalecer la implementación de la Convención Anticohecho.

El Acuerdo para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y sus Instrumentos Relacionados identifica al Protocolo Anticohecho, recientemente adoptado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y coordinado por la SFP, como una buena práctica.

En un comunicado indicó que, de acuerdo con la metodología establecida, duró 10 meses, incluyó un cuestionario y una visita in situ en la que participaron actores de los tres poderes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y académico, así como una etapa de lectura y defensa del reporte.

La Convención Anticohecho de la OCDE establece medidas para disuadir, prevenir y sancionar a personas y empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a servidores públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales.

Expuso que el reporte destaca la relevancia de la reforma constitucional del año 2015, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como las leyes secundarias emitidas, siendo que su completa ejecución fortalecerá la implementación de la Convención.

Hizo notar que la OCDE reconoce que México atendió con éxito recomendaciones derivadas de la Fase 3 de Evaluación, realizada en 2011, como son las reformas al Código Penal Nacional para sancionar el soborno internacional y la determinación de tipos penales para sancionar a empresas que ofrezcan sobornos en transacciones comerciales internacionales.

Además se refiere a la reforma sobre el delito de cohecho internacional, para que ese tipo penal sea aplicable a casos que involucren beneficios a terceras partes.

También para que se asegure que empresas puedan ser responsables por cohecho internacional, sin que necesariamente deba acompañarse el tipo con la sanción a las personas físicas quienes pudieran haberlo cometido.

Adicionalmente incrementa la sanción máxima por faltas sobre contabilidad y señala como un avance del Estado mexicano contar con estadísticas judiciales sobre casos de cohecho

Mencionó que la OCDE en su reporte señala a los tres poderes del país la relevancia de completar la implementación del SNA con las designaciones pendientes: Fiscal Anticorrupción, magistrados especializados en materia anticorrupción, Fiscal General de la República y la implementación del Protocolo Anticohecho, ya mencionada.

Para una mejor atención y seguimiento de las recomendaciones de la Convención Anticohecho, la SFP creó en 2016 el Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento a las Convenciones Internacionales Anticorrupción en México (GAN).

Aquel permite monitorear su avance y generar reportes periódicos por parte de las 21 instituciones del Estado mexicano relacionadas con la implementación de las recomendaciones.

Añadió que corresponderá al GAN impulsar la atención de las nuevas recomendaciones de este reporte, conforme a los procesos de evaluación inter pares o “entre iguales” contemplados por la Convención, y la revisión de la Fase 4 de México estuvo a cargo de Brasil y Eslovenia.

Cuenta con 44 Estados parte, incluido México, desde 1999, y es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de la corrupción y el soborno a funcionarios públicos.