La fiscalía venezolana incumplió cuatro de los seis principios del Protocolo de Minnesota en la investigación de la muerte del concejal Fernando Albán, cuyo deceso se produjo cuando estaba detenido en la sede del organismo de inteligencia del gobierno en Caracas.

Albán fue detenido el viernes cinco de octubre en el Aeropuerto de Maiquetía cuando regresaba de visitar a su esposa e hijos en Estados Unidos, bajo la sospecha de haber tenido injerencia en el frustrado atentado contra Nicolás Maduro.

Dos días después, el fiscal general de la República Tarek William Saab informó que Albán se había "suicidado" en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al solicitar ir al baño de su celda desde el piso 10 momentos antes de ser llevado al Palacio de Justicia.

El Protocolo de Minnesota, adoptado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece una norma común para la investigación de una muerte potencialmente ilícita o la sospecha de una desaparición forzada.

Aplica en los casos en los que “la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes”.

La muerte del opositor encuadra en el ámbito de aplicación del protocolo y durante la investigación de su caso, la Fiscalía General de la República incumplió cuatro de los seis principios que establece el pacto sobre el proceso de investigación de una muerte potencialmente ilícita, indicó una nota especial del sitio de noticias Efecto Cocuyo.

La primera violación fue no permitir la participación de la familia de la víctima durante la investigación; dos, no hubo transparencia en la misma; tres, faltó independencia e imparcialidad, cuatro, tampoco se comprobó efectividad y exhaustividad.

Aunque el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, se pronunció de manera inmediata para confirmar la muerte de Albán, manifestó al tiempo –sin que concluyera una investigación exhaustiva– que se trataba de un suicidio.

Una versión que niega el coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, amigo del concejal y compañero de partido, quien sostiene que el dirigente político murió producto de las torturas sufridas en el Sebin y su suicidio fue simulado.

La independencia e imparcialidad, otro principio clave de una investigación según el Protocolo de Minnesota, no está garantizada al ser Saab designado en ese cargo por la ANC, un órgano chavista autodenominado “suprapoder” y “plenipotenciario“, que responde directamente a los intereses del Poder Ejecutivo.

Además, Saab fue dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y ha sido una figura cercana al presidente Nicolás Maduro, lo que le resta credibilidad a su gestión ante la opinión pública.

El funcionario tampoco ha aclarado cómo Albán evadió a sus custodios para lanzarse desde una ventana del décimo piso del Sebin, ni ha adelantado si algún funcionario es investigado por la muerte del opositor.

Un elemento adicional siembra más cuestionamientos sobre el procedimiento ejecutado: el protocolo establece detalladamente que la autopsia debe realizarse por un médico forense calificado.

Sin embargo, la presidenta de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que el acta de defunción del concejal fue firmada por un médico integral comunitario identificado como Arnoldo Pérez.

Los familiares de Albán no tuvieron participación en la investigación, ni siquiera acceso al dirigente político mientras estuvo detenido en la sede del Sebin, lo que también viola el Protocolo de Estambul -también de la ONU-.

Allí se establece que el Estado está obligado a garantizar la “salvaguarda de los custodiados” para minimizar el riesgo de tortura. “La salvaguardia de los detenidos incluyen el derecho de acceso a abogados, médicos y familiares”.