Derechos Humanos y DIF se unen para proteger a reclusas con hijos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) observarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el respeto a los...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) observarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad en los diversos centros penitenciarios del país.

La observación se concentrará especialmente en los 417 hijos e hijas menores de edad que viven con ellas, según cifras del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, para que en todo momento se les otorguen condiciones decorosas para su adecuado desarrollo al interior de esos lugares.

“Se trata de que nunca más una madre que está en esa situación sea separada de sus hijas e hijos menores de edad”, anotó el presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzalez Pérez en un comunicado.

Ambas instituciones convinieron sumar esfuerzos para empoderar a las mujeres en el conocimiento de sus derechos fundamentales, para que los hagan valer ante cualquier abuso de autoridad.

Además, determinaron impulsar el conocimiento y respeto de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, conocidas comúnmente como “Reglas de Bangkok”.

Ello, toda vez que conforman uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y con frecuencia sus condiciones y necesidades no son tomadas en cuenta, especialmente en lo que se refiere a sus hijas e hijos que viven con ellas.

Durante la presentación del documental “Salomé, un reencuentro con la libertad”, González Pérez llamó para que en todas las actuaciones que realicen los servidores públicos se respete la dignidad de las mujeres privadas de la libertad y se garantice la observancia del interés superior de la niñez.

El documental muestra el caso de María Salomé Ortega Hernández, originaria del estado de Veracruz, y sus dos hijas menores de edad. Fue detenida por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra el consumo y la riqueza nacional, y fue trasladada a un centro federal de Nayarit, lo que vulneró sus derechos a estar lo más cerca a su domicilio.

También trasgredió su derecho a tener consigo a sus menores hijas, la más pequeña de sólo 37 días de nacida que requería de la lactancia; posteriormente, la agraviada fue absuelta por un juez federal del delito que se le imputaba.

González Pérez detalló que en nuestro país existen 10 mil 460 mujeres en prisión; cuatro mil 229 de ellas se encuentran distribuidas en 17 centros femeniles estatales y uno federal, y seis mil 231 se ubican en 159 centros mixtos.

Resaltó que con frecuencia reciben diversos tipos de discriminación, lo que repercute negativamente en su internamiento y posterior reinserción.

En el acto, realizado en el Auditorio de la Casa Hogar para Varones del DIF, dijo que, ante esta situación, la CNDH ha reiterado a través de diversos pronunciamientos, informes y recomendaciones la necesidad de darles trato digno, a través de la habilitación de instalaciones apropiadas.

De igual forma, atendiendo su condición de género y que en aquellos casos en los que se acredite violación a sus derechos fundamentales, como el que se relata en el documental, puedan acceder a la reparación integral del daño correspondiente.