La larga crisis económica iniciada en 2008 y el periodo de recuperación desde 2014 han dejado en España 8.6 millones de personas en exclusión social, 1.2 millones más que los que había en 2007, informó hoy Cáritas España.

En su Memoria 2017, la asociación caritativa y acción social de la Iglesia católica alertó que tener empleo no es sinónimo de integración social plena, debido a que los bajos salarios, la precariedad y la temporalidad impiden a muchos cubrir sus necesidades básicas.

En el documento, indicó que se registra un incremento de la exclusión global de un 12 por ciento respecto al inicio de la crisis, y de un 40 por ciento en la exclusión social severa, en la que se encuentran 4.1 millones de personas que viven en 1.5 millones de hogares.

La población en exclusión social en este período “ha sufrido un empeoramiento en cinco de las ocho dimensiones, concretamente en las relativas a capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social”.

Destacó que “la mitad de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de integración plena, lo que evidencia una calidad del empleo que no permite cubrir las necesidades de los hogares”.

“La incidencia en personas en situación de exclusión que aun contando con empleo atraviesa por dificultades en otras dimensiones, es muy superior a la de la población global, llegando al 54 por ciento en el caso de la vivienda, al 50 por ciento en la salud, y al 24 por ciento en la dimensión del consumo”, añadió.

Apuntó que respecto a la brecha de género repuntó porque en 2018 se reportó exclusión en el 16 por ciento de los hogares donde la figura del sustentador principal es masculina, mientras que es del 20 por ciento cuando la sustentadora principal es una mujer, una brecha del 25 por ciento.

Sobre la situación de los menores, Cáritas resaltó que en la actualidad el 23 por ciento de los menores de edad se encuentran en hogares en situación de exclusión social, cifras superiores a las de antes de la crisis en un 18 por ciento.

Lamentó que hay un ascenso de exclusión de personas de entre 45 y 64 años de edad de un 13.1 por ciento en 2007 al 18.4 por ciento actual, por lo que son un grupo de población que debe ser objeto de las políticas de reinserción laboral.