Una coalición de organizaciones no gubernamentales denunció como electorera y anti-inmigrante la nueva propuesta del presidente Donald Trump para negar la residencia estadunidense a personas que reciban beneficios sociales.

El plan de la Casa Blanca, que se divulga a dos meses de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, afectaría a cientos de miles de migrantes legales que reciben ayuda oficial, como estampillas de comida, y que planean convertirse en Residentes Legales Permanentes.

“No hay racionalidad para esta propuesta. Es un ejemplo de lo peor de Donald Trump y (de su asesor) Steven Miller. Están usando a los inmigrantes como chivos expiatorios para entusiasmar a su base”, deploró María Elena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias.

Inusualmente divulgada durante un fin de semana, la propuesta de la Casa Blanca, de 447 páginas de extensión, requiere aún ser publicada en el Diario Oficial (Federal Register) y ser sometida a un periodo de 60 días de comentarios públicos.

Hincapié, quien encabezará la campaña de resistencia a la propuesta, adelantó que planean enviar hasta 100 mil opiniones en contra de la propuesta durante el periodo de consultas y que están examinando “estrategias de litigación” para presentar una demanda.

La propuesta de Trump fue vista como una restricción de facto a la inmigración legal con base en los ingresos porque pondría a los inmigrantes en la disyuntiva de elegir entre recibir beneficios sociales, como comida o ayuda médica subsidiada, o hacerse residentes legales.

Aunque la Casa Blanca estimó que podría afectar a unas 382 mil personas, los activistas creen que el efecto podría ser mayor e incluso afectar a comunidades enteras, por los efectos adversos de la pérdida de seguro médico entre las personas de más bajos ingresos.

Colleen Kraft, presidenta de la Academia American de Pediatría, apeló al presidente Trump, a “rescindir inmediatamente la propuesta” toda vez que aún no ha sido publicada de manera oficial.

“Millones de niños están a punto de ser negados de servicios nutricionales básicos”, deploró.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) argumentó en un comunicado que la regla busca asegurar que todos aquellos que permanecen en Estados Unidos, sea de manera temporal o permanente, se puedan mantener por sí mismos y no ser una carga pública.

Pero los activistas insistieron en el carácter político electoral de la medida de la administración Trump, que es considerada desde hace varios meses y que se divulga en la recta final hacia las elecciones legislativas de noviembre.

“La propuesta regla es otro producto de la agenda anti-inmigrante de Trump, ahora contra migrantes legales y sus familiares ciudadanos estadunidenses… Esta propuesta perniciosa debe ser rechazada”, señaló Clarissa Marinez de Unidos US, antes Consejo Nacional de la Raza.

Al igual que las otras ONG’s, Unidos US hizo un llamado general a enviar sus puntos de vista sobre la propuesta durante el periodo de comentarios.