El director de Comunicación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Darío Ramírez, sostuvo que es urgente que las autoridades y constructoras comiencen a cumplir con el nuevo Reglamento de Construcción en la capital.

Advirtió la necesidad de que tomen dicho asunto con la seriedad que amerita y empiecen a realizar sus funciones, pues de lo contrario "seguirá habiendo muchas muertes que lamentar".

En el marco de la presentación de los resultados de la investigación "¿Por qué se cayó mi edificio?", Mexicanos contra la Corrupción señaló que las lecciones que dejaron los sismos se olvidaron y los habitantes de la Ciudad de México están a merced de una nueva catástrofe, debido a que se siguen cometiendo los mismos vicios y errores.

"El Reglamento de Construcciones se ignora por autoridades y constructores. Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios donde se modificaron los cálculos de ingeniería para aumentar las ganancias de las constructoras", alertó.

Agregó que muchos de los inmuebles colapsados fueron levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos.

El estudio reveló que los Directores Responsables de Obra, al ser contratados por las inmobiliarias, tienen un conflicto de interés y los documentos y planos para obtener permisos sólo se firman, sin que se revise la autenticidad de la información.

La organización aseguró que en varios edificios aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno local y puntualizó que éstas ignoraron a los vecinos que denunciaron edificaciones que violaban usos de suelo, así como que se utilizan documentos falsos con información que no corresponde a lo que se construye.

Entre otros resultados, la investigación arrojó que los planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelo y manifestaciones de construcción no se encuentra en los archivos delegacionales o están incompletos.

"A 12 meses del sismo, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina. Los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo", enumeró.