El gobierno de Argentina ofreció hoy una recompensa de hasta dos millones de pesos (unos 66 mil dólares) a quienes entreguen datos que permitan recuperar el dinero de los millonarios sobornos que presuntamente cobraron los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En una inédita resolución, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estableció por indicaciones del presidente Mauricio Macri, la recompensa para aquellas personas que aporten “datos precisos que conduzcan a recuperar dinero, divisas o bienes” en el marco de la causa en la que se acusa a Fernández de Kirchner del delito de asociación ilícita.

El Ministerio explicó en un comunicado que la fiscalía a cargo de la investigación consideró que “no existen objeciones que formular al progreso del establecimiento de una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación” de lo supuestamente robado.

Precisó que la recompensa será del 5.0 por ciento del valor recuperado, con un tope de hasta dos millones de pesos y que el monto se determinará sobre el dinero o el valor del bien efectivamente recuperado y se preservará la identidad del aportante.

La causa judicial que desató uno de los mayores escándalos de corrupción de este país comenzó gracias a ocho cuadernos de Oscar Centeno, quien durante más de una década fue chofer de Roberto Baratta, uno de los exfuncionarios más influyentes de los gobiernos que los Kirchner encabezaron de 2003 a 2015.

En esas páginas, que un amigo de Centeno entregó a un periodista de La Nación y este al fiscal Carlos Stornelli, el chofer registró, al mejor estilo de los servicios de espionaje, a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta a recoger sobornos que los empresarios pagaban en efectivo.

De acuerdo con las anotaciones, Baratta recolectó durante más de una década unos 200 millones de dólares y la mayoría del dinero terminó en manos de los Kirchner.

Después de la publicación del cuaderno, el juez Claudio Bonadío comenzó una investigación que ya permitió la detención e indagatorias de casi 40 personas, entre ellas la expresidenta.

El problema es que, a diferencia de la mayoría de los exfuncionarios acusados, los empresarios que participaron de la presunta red de sobornos quedaron en libertad a pesar de que confesaron los delitos, gracias a que se acogieron a los beneficios de la figura legal del “arrepentido”.