El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.

La jefa del MP, Consuelo Porras, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, informaron en rueda de prensa que también fue solicitado el antejuicio para retirar inmunidad a la diputada Nineth Montenegro por el mismo delito.

El Organismo Judicial deberá estudiar las demandas y, en caso de considerarlas procedentes, el trámite se turnará al Congreso.

En una primera reacción, Morales dijo ser “respetuoso del Estado de Derecho” y expresó su confianza en que el procedimiento se cumpla en ley y “ajeno a intereses políticos”.

El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, también acusado de corrupción por el MP y la CICIG, adelantó que los diputados (en su mayoría afines al gobierno), rechazarán el pedido contra el mandatario.

Sostuvo que se trata de “otro intento de golpe de Estado” contra Morales, “coordinado por Thelma Aldana (antecesora de Porras al frente del MP) y el colombiano Velásquez”.

Porras informó que la demanda se deriva de una nueva denuncia sobre hechos atribuidos a Morales cuando fungía en 2015 como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional.

Morales no habría reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral en los comicios de ese año.

El mandatario ha negado que su partido hubiera recibido dichos recursos.

En el caso de la diputada Montenegro, una reconocida exactivista de derechos humanos, el pedido de antejuicio se debe a que la entonces secretaria general del izquierdista Encuentro por Guatemala incumplió en la presentación al TSE de estados financieros del último semestre de 2015.

En agosto de 2017, luego de otro pedido de antejuicio del MP y la CICIG contra Morales, el gobernante declaró no grato al colombiano Velásquez y ordenó su inmediata expulsión del país, lo que no prosperó por una resolución del máximo tribunal constitucional.