Al menos 11 personaron fueron asesinadas esta semana ante de la intensificación de la represión oficial en Nicaragua contra la población civil, aseguró hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un nuevo reporte del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la CIDH constató y documentó el despliegue de operativos y actos de represión contra la población en diferentes ciudades donde se mantenían diálogos para resolver el tema de los tranques (bloqueos).

Esos hechos se produjeron en Diriá, Diriomo y Granada, en el departamento de Granada;  Niquinohomo, Catarina, La Concepción, Monimbó y Masaya, en Masaya; y Lóvago, en Chontales, entre otras ciudades, indicó la comisión interamericana.

“Se debe poner fin inmediato a la represión y los ataques en contra de la población manifestante y opositora, así como las detenciones arbitrarias”, declaró la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua.

Dijo que resultaba inaceptable “que la cifra de muertos y heridos vaya creciendo cada día, y que principalmente sean los jóvenes las personas más afectadas. El Estado debe proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas en primer lugar”.

De acuerdo con la CIDH, en la comunidad de Morrito, en el departamento de Río San Juan, se produjo un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes el pasado 12 de julio, que dejó cinco muertos, entre ellos cuatro agentes policiales y un profesor.

También se informó que el pasado 13 de julio fuerzas policiales y paramilitares afines al gobierno atacaron con armas de fuego las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Masaya, a donde se habían refugiado personas que mantenían una barricada, muchas de las cuales resultaron heridas.

Representantes del Meseni acompañaron a la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS), quienes constataron “que los ataques contra la iglesia de la Divina Misericordia por parte de las fuerzas del Estado, se prolongaron durante toda la noche y la madrugada del 13 de julio”.

En su interior se encontraban personas heridas, jóvenes, sacerdotes y tres periodistas de medios nacionales e internacionales.

La CIDH dijo que lamentaba y condenaba la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de haber recurrido a la violencia “en lugar de continuar con el diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis”.

El Meceni dijo haber podido constatar el alto grado de apoyo y colaboración entre fuerzas de la Policía Nacional y grupos paramilitares, que actúan encapuchados, “para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población”.

“Dada la intensificación de las acciones armadas de limpieza de tranques, ocurridas en el contexto de la llamada 'operación por la paz', la Comisión reitera al Estado de Nicaragua su obligación de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas”, dijo el órgano hemisférico.

La CIDH dijo además que entre el 9 al 16 de julio recibió 15 denuncias contra el Estado de Nicaragua, reportando más de 40 casos de secuestros, nueve acusaciones de tortura; tres incendios; 13 personas asesinadas y otras 31 que resultaron heridas por armas de fuego.

Expresó igualmente su preocupación por la difusión en redes sociales de un video, en el que se acusa a la Iglesia Católica y periodistas, entre otros, de orquestar una golpe de Estado, como parte de la guerra mediática en espacios informativos.

Más de 300 muertes se han registrado en Nicaragua por la represión de la policía y paramilitares a las manifestaciones, que iniciaron desde el 18 de abril pasado, contra el gobierno de Ortega.