Un grupo de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció hoy su intención de buscar la adopción de una resolución para condenar los actos de violencia contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua en el marco de la crisis política que vive esa nación.

La condena forma parte de los puntos contenidos en un proyecto de resolución dado a conocer esta tarde por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

El proyecto, leído por la embajadora argentina Paula María Bertol, será presentado de manera formal y sometido para su discusión y votación la próxima semana, aunque su difusión informal fue motivo de fuertes objeciones por parte de las delegaciones de Nicaragua y Venezuela.

Aunque esta es la tercera vez que se aborda la crisis de Nicaragua en las últimas tres semanas, esta es la primera vez que se llama la atención sobre el hostigamiento de que han sido objeto miembros de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

El lunes pasado, un grupo de encapuchados identificados como paramilitares, agredió en la comunidad de Diriamba a miembros de la Conferencia Episcopal, incluyendo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Baéz.

La resolución, sujeta a cambios eventuales, busca que se condene ese ataque, así como el hostigamiento contra los obispos católicos que participan en el diálogo nacional, con medida de intimidación.

Insiste asimismo en el adelanto de las elecciones presidenciales, algo sobre lo que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, evitó pronunciarse.

“Lo que hay que hacer es analizarlo en su detalle, y ver qué es lo que pasa”, dijo Moncada a periodistas al término de la audiencia.

Sin embargo, dejó en claro que su gobierno no aceptará una ruptura constitucional, insistiendo que el objetivo detrás de las manifestaciones es un golpe de Estado.

La represión policial y de grupos paramilitares afines al gobierno contra las manifestaciones que iniciaron el 18 de abril pasado para protestar por las reformas al sistema de seguridad social y contra la administración del presidente Daniel Ortega ha causado 264 muertos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) .

“No se puede en una resolución, mucho menos en la OEA, tratar de imponer o obligar a otro Estado a que rompa su legalidad, a partir de una exigencia de un grupo de oposición, combinados con grupos de terroristas que están haciendo mucho daño a la población nicaragüense”, indicó el embajador del país centroamericano.