El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, anunció hoy la apertura de una investigación preliminar para establecer la presunta participación de agentes de la fuerza pública en los asesinatos de líderes sociales, que ya supera la cifra de 300. 

"Hay una cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales” y defensores de los derechos humanos, afirmó el jefe del Ministerio Público.

Llamó a los alcaldes y gobernadores a que asuman las responsabilidades en la defensa de la vida y la integridad de los activistas.

También pidió a “la ciudadanía a que nos ayude investigar, a que denuncie si hay funcionarios del Estado en cualquier nivel territorial y agentes de la fuerza pública involucrados" en estos asesinatos.

"Hay despojadores que están asesinando a los líderes de tierras, hablar de otra sistematicidad es difícil, pero yo les podría decir que según el informe de la Procuraduría si hay sistematicidad" en estos casos, subrayó Carrillo. 

Explicó que de acuerdo con un informe elaborado por el organismo de control, se se pudo constatar que la dinámica de violencia contra los que llama “Defensores de Derechos Territoriales”, es una práctica sistemática.

La defensa de los dirigentes sociales y activistas humanitarios “debe hacerse desde los territorios, con esquemas colectivos de protección y enfoque diferencial, que deben incluir a los líderes de tierras, que son asesinados sistemáticamente en prácticas con patrones comunes relacionados con las víctimas y las condiciones que rodean sus homicidios”.

"Uno no fija los esquemas de seguridad de manera unilateral desde Bogotá, hay que ir a los territorios y hablar con las organizaciones sociales", agregó.

El jefe del Ministerio Público se refirió a la necesidad de fortalecer la Unidad Nacional de Protección (UNP), revisar algunos esquemas de seguridad y su conveniencia y complementar el trabajo de las guardias indígenas con las labores de defensa del Estado.