Derechos Humanos protege a comunidades indígenas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó la resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dos acciones de inconstitucionalidad para que se respete el...

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó la resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dos acciones de inconstitucionalidad para que se respete el derecho de comunidades indígenas de Yucatán y Sinaloa a la consulta previa, libre, adecuada, informada, culturalmente adecuada y de buena fe .

Pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que en todas las medidas legislativas o administrativas que incidan en la esfera jurídica de los pueblos y comunidades indígenas actúen con base en los estándares establecidos respecto de la consulta previa, para garantizar su plena participación con respeto a su autonomía y sus derechos inherentes.

Explicó que los pueblos y comunidades de ambas entidades no fueron consultados de forma previa sobre las modificaciones para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya de Yucatán y la del Sistema de Justicia Maya, publicadas en el Diario Oficial de esa entidad el 31 de octubre de 2017

En un comunicado, indicó que tales modificaciones a las leyes fueron y la acción de inconstitucionalidad fue presentada el 30 de noviembre pasado, que al ser analizada por el pleno de la SCJN otorgó la razón a la Comisión al determinar que dicho decreto violaba de manera directa los artículos 2 de la Constitución federal y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Así, abundó, el Máximo Tribunal del país reiteró su jurisprudencia en cuanto a que los legisladores están obligados a establecer una fase adicional en el proceso legislativo para consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando deban formular leyes en las que sus derechos puedan verse trastocados.

Por otro parte, señaló que mediante decreto publicado el 19 de agosto de 2016 se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, a través de la cual se creó una institución pública para atender, de manera gratuita e incluyente, la demanda educativa a nivel medio superior y superior de los estudiantes procedentes de diversos grupos étnicos del país.

Sin embargo, dijo, que durante el proceso de creación de dicha Ley no se realizó una consulta previa que garantizara la participación de las comunidades afectadas, como lo establece el bloque de constitucionalidad mexicano.

Tras dialogar con integrantes de las comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia, expuso que ejerció su facultad constitucional de plantear ante la SCJN la posible vulneración a derechos humanos por estimar que se afectó el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a ser consultados de manera previa sobre la emisión de esa Ley.

Por ello, añadió, el pleno de la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 84/2016 interpuesta por este organismo y determinó declarar la invalidez total de dicha normatividad, por considerar que no se respetó el derecho humano a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas.