Corte Penal Internacional podría actuar en Colombia: experto

Los ajustes del Congreso de Colombia a los procesos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) son inconstitucionales, abren las puertas a la impunidad e incluso a la intervención de la Corte Penal...

Los ajustes del Congreso de Colombia a los procesos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) son inconstitucionales, abren las puertas a la impunidad e incluso a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), declaró hoy el experto en Derecho Internacional Humanitario, Álvaro Villarraga.

Lo aprobado en el Congreso se “sale totalmente de las reglas de juego establecidas en el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y son inconstitucionales. El Centro Democrático se ha enfocado en la Justicia Especial de Paz”, planteó el experto.

El Congreso de Colombia aprobó el miércoles la Ley que reglamenta los procedimientos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero con dos modificaciones que le quitan facultades a este tribunal en casos de extradición y procesos en contra de las Fuerzas Militares y Policiales.

Las modificaciones fueron propuestas por la bancada del partido Centro Democrático, del presidente electo Iván Duque, quien anunció que en su gobierno haría ajustes a la JEP, una instancia que hace parte de los Acuerdos de Paz que firmó el gobierno con las desmovilizadas FARC en noviembre de 2016.

La primera modificación suprime cualquier facultad a la JEP para practicar pruebas en casos de extradición, limitando su competencia a la revisión de la fecha del delito.

Los miembros de las FARC, que se encuentran desmovilizados pueden ser extraditados si sus presuntos delitos se cometieron después del primero de diciembre del 2017.

La otra modificación congela todos los procesos en contra de los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales, hasta que el Congreso por la vía de una reforma constitucional cree una sala especial dentro de la JEP con nuevos magistrados para que haya un proceso de juzgamiento diferencial y único.

Estas dos modificaciones “se salen del acuerdo de paz y tendrán que ir a la Corte Constitucional que seguramente las va rechazar porque contradice el acto legislativo que aprobó la Jurisdicción para la Paz. La Ley estatutaria debe hacer un desarrollo procedimental a la JEF que ya fue constitucionalmente aprobado”.

Para Villarraga, con el triunfo de Duque, Colombia está en el peor de los escenarios para “la implementación de los Acuerdos de Paz. El programa que propuso en campaña fue revisar aspectos sustanciales del acuerdo, es decir reducir los acuerdos de paz”.

“Está clarísimo que la bancada oficialista del nuevo gobierno de Duque, tiene como bandera principal golpear la JEP, e impedir la llegada de los miembros de las FARC al Congreso”, enfatizó Villarraga.

Otro asunto que busca la nueva bancada oficialista en el Congreso es negar la conexión entre rebelión que es un delito político y el delito del narcotráfico. "Los delitos políticos tienen conexidad con otros delitos siempre y cuando no se trate de graves violaciones al derecho humanitario. Son temas medulares”, apuntó.

La Jurisdicción Especial para la Paz y la participación en política de los ex guerrilleros de los FARC, son la médula de los Acuerdos de paz que pusieron fin a 53 años de guerra interna en este país de cerca de 50 millones de habitantes.

Agregó que el propósito de la bancada del Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal opositor a los Acuerdos de Paz con las FARC, busca ocultar la verdad de casos como las ejecuciones extrajudiciales que se dieron durante sus dos gobiernos (2002-2010).

En la JEP, por ejemplo, hay más de dos mil 500 militares que aceptaron someterse a este tribunal de paz, por considerar que le ofrece garantías para su defensa, como actores de un conflicto en donde el Estado también tiene sus responsabilidades.

En un futuro escenario de impunidad- planteó el experto- puede entrar a intervenir de manera inmediata -en el caso colombiano- la Corte Penal Internacional (CPI), que en la actualidad actúa con un sistema más complejo y amplio y bajo el principio de complementariedad.

La CPI puede “entrar a actuar de inmediato si se hace evidente una situación de impunidad. Se va activar este tribunal si llega a presentarse un descabezamiento de la JEP en el próximo gobierno”, advirtió Villarraga.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto, sostuvo a su vez que el Congreso cumplió con la función que le correspondía y terminó con la aprobación de Ley de procedimiento de la JEP y agregó que las modificaciones que introdujo el legislativo, la “última palabra la tendrá la Corte Constitucional”.