La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal las actividades y trabajos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en un conjunto de predios ubicados en el ejido Saxcan, del municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo.

Derivado de los sobrevuelos realizados por la dependencia, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente de Quintana Roo, en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, se logró identificar diversos predios donde se realizaba la remoción de vegetación en zona forestal.

Por ello, realizó una visita de inspección en el predio localizado en las coordenadas UTM 16 Q, X=0320071, Y=2053483 y X=0321519, Y=2051789, con referencia al DATUM WGS 84, Región 16 México, en terrenos del ejido Sacxan, donde constató una afectación en una superficie total de 225.559 hectáreas, en las que se pretendía implementar actividades de agricultura y ganadería.

Durante la diligencia, el personal actuante documentó la remoción total de la vegetación natural en un ecosistema de vegetación secundaria arbustiva de selva baja espinosa subperennifolia y secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia presente en el lugar.

Al momento de la visita de inspección, el responsable de las actividades no acreditó contar con la autorización federal para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), necesario para tal efecto.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades y trabajos de remoción de la cobertura vegetal en el predio o conjunto de predios inspeccionados.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), en su artículo 157, fracción II, las violaciones cometidas podrán ser sancionadas con la imposición de una multa por el equivalente de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, independientemente de las sanciones penales que resulten.

El artículo 418 del Código Penal Federal, establece que dichas conductas pueden derivar en un delito penal y se podrá imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión, de acuerdo con la gravedad del ilícito.