El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, no comparte la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desechó en última instancia tres recursos de apelación promovidos en relación con la fiscalización de recursos en la etapa de recolección de apoyos ciudadanos.

El abogado Juan Morales Alcántara, representante del candidato presidencial, expuso que los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) que se buscaba revocar son el INE/CG473/2018, INE/CG474/2018 y el INE/CG475/2018, mediante los cuales se le imponían diversas multas por dicho asunto.

Morales Alcántara señaló que aunque respeta la decisión del máximo tribunal electoral no está de acuerdo con la valoración legal que le dieron a los recursos ya que, en su opinión, carecen de sustento y de soporte jurídico.

“Prueba de ello es que en la resolución del INE encontramos tiene como base la aplicación de una norma internacional financiera que es inaplicable en el derecho mexicano para originar una sentencia condenatoria a sujeto alguno”, expresó.

El abogado asistió a las audiencias para señalar al equipo de magistrados que estudiaban los recursos de apelación que el INE fue omiso al hacer un estudio exhaustivo del caso.

Ello, a su juicio, al dejarse de observar los principios constitucionales rectores vigentes y aplicables en el ejercicio de la función electoral, como son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En el ejercicio de las audiencias con personal del tribunal que estudiaba los recursos de apelación promovidos el abogado hizo saber a la autoridad electoral que el INE nunca tomó en consideración la presunción de inocencia del candidato.

También, desde su punto de vista, omitió hacer un estudio exhaustivo del caso inobservando principios constitucionales, lo cual debió bastar para obtener una sentencia en la que se revocaran los acuerdos del Instituto.

A juicio de Morales, las investigaciones no recaen sobre el candidato, sino sobre las empresas cuestionadas, mismas que en su momento deberán hacer valer lo que a su derecho convenga y con las cuales el candidato no tiene ninguna relación.