Un deber asegurar derechos políticos a personas con discapacidad: TEPJF

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso afirmó que es deber de los organismos jurisdiccionales en materia electoral garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva...

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso afirmó que es deber de los organismos jurisdiccionales en materia electoral garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva, plena y sin ningún tipo de coacción y/o manipulación en la vida pública y política del país.

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) manifestó lo anterior al encabezar el conversatorio “Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad”, celebrado en Baja California Sur.

Las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales trabajan en el cumplimiento de estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, elevando a rango constitucional cualquier tratado o convención de los que México sea parte, sostuvo.

“Nuestro actuar debe ser enfocado a concretar acciones que permitan atender a lo ordenado por el Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que establece que tienen no sólo el derecho a votar, sino también la posibilidad de ser elegidas para ocupar un cargo público de elección popular, destacó.

A su vez Felipe Alfredo Fuentes, magistrado de la Sala Superior, indicó que es importante tener una democracia integral e inclusiva, por lo que es necesario garantizar la participación política efectiva de las personas con discapacidad, y recordó que a partir de resoluciones del TEPJF hoy tienen una mayor protección.

Ofreció como ejemplo que los actores políticos y autoridades electorales están obligados a producir spots con subtítulos, a ofrecer la lectura de sentencias y la notificación en formato Braille, así como el formato de lectura fácil.

Fuentes Barrera refirió que en la sentencia SUP-AG-92/2017, la Sala Superior formuló un estándar de protección que debe seguirse en aquellas resoluciones que se dicten cuando personas con discapacidad funjan como partes en un juicio.