Tres de los más importantes organismos no gubernamentales (ONG's) en Estados Unidos calificaron la ratificación de la nueva directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gina Haspel, como una recompensa a su pasado vinculado con la tortura.

Haspel, a cargo de un centro secreto de tortura en Tailandia y de implementar la orden para encubrir crímenes mediante la destrucción de cintas de video, fue ratificada pese a los votos en contra de un par de senadores republicanos y gracias al apoyo de varios legisladores demócratas.

Entre la información conocida sobre Haspel, contenida en informes del Senado, destaca por ejemplo que supervisó que un hombre fuera sometido a la tortura de asfixia con agua en 83 ocasiones, azotado contra las paredes, privado de sueño y encerrado en una caja similar a un ataúd.

En un comunicado, el organismo de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) señaló que durante más de dos décadas Estados Unidos ha evitado investigar, rendir cuentas u ofrecer reparaciones a las víctimas de tortura y desapariciones forzadas.

Sin embargo, ahora Estados Unidos "ha ido más lejos. El Senado ahora ha recompensado esa conducta atroz promoviendo a alguien que supuestamente administró torturas para dirigir una de las agencias más poderosas del gobierno".

De acuerdo con Daphne Eviatar, directora de seguridad con derechos humanos de AI, "el Senado acaba de confirmar que tolerará la podredumbre en el núcleo de nuestro gobierno, al elevar a alguien vinculada a esas atrocidades para dirigir ahora la CIA".

Eviatar añadió que la confirmación sugiere que Estados Unidos no ha aprendido nada de una década de "políticas vergonzosas" que despojaron la dignidad humana y la libertad, y socavaron el estado de derecho internacional.

Por su parte Laura Pitter, abogada principal de seguridad nacional para Estados Unidos de Human Rights Watch (HRW), aseveró que la confirmación de Haspel revela el "perverso fracaso de Estados Unidos para lidiar con abusos del pasado", pese a que la tortura es simple y llanamente un crimen.

"Estados Unidos nunca ha estado dispuesto a admitirlo ni a tomar las medidas adecuadas (para desterrar la tortura). Hasta que lo haga, Estados Unidos se alínea con países que socavan el respeto por los derechos fundamentales y el estado de derecho", afirmó Pitter.

Mientras tanto Christopher Anders, subdirector de la oficina legislativa de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), aseguró que de principio a fin el proceso de confirmación de Haspel fue un encubrimiento para suprimir información sobre el programa de tortura de la CIA.

"Es una completa desgracia para nuestra democracia que los senadores se negaran a hacer su trabajo para mantener la transparencia y la responsabilidad. La confirmación de Gina Haspel es una marca negra en nuestra historia, una que lamentaremos", sostuvo Anders.

ACLU había solicitado al Senado que presionara a la CIA para que desclasificara y divulgara todos los aspectos del registro de torturas de Haspel, algo que los senadores no hicieron.