El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó diversas resoluciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD y dio un plazo de cinco días para determinar sobre la fórmula tres de candidaturas al Senado por representación proporcional.

En sesión pública, el Pleno de la Sala Superior consideró fundada la transgresión de los principios de seguridad y certeza por parte de la Comisión Nacional Jurisdiccional, por haber revocado sus propias determinaciones.

De acuerdo con los antecedentes, diversos militantes se inconformaron contra las resoluciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional, respecto de la validez de la postulación de Adriana Noemí Ortiz Ortega como candidata al cargo de senadora en el lugar tres de la lista correspondiente.

En tres de estas resoluciones, la Comisión había declarado la inelegibilidad y cancelación de su registro, mientras que, en otra más, determinó la procedencia de la misma.

Al resolver los juicios SUP-JDC-126/2018 y acumulados, la Sala Superior estimó que dicha Comisión partidista dictó resoluciones incongruentes o contradictorias, lo cual afectó el principio de certeza y seguridad jurídica que debe imperar en toda decisión jurisdiccional, sobre todo porque además no podía revocar o modificar sus propias determinaciones.

Los magistrados de la Sala Superior señalaron que no existe base constitucional, legal, estatutaria o reglamentaria que justifique o faculte a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para revocar sus propias determinaciones cuando se trate de actos en los cuales la norma jurídica que se aplica incide en los derechos y deberes de alguna militante o ciudadana.

Además de que el propio estatuto del partido, en su artículo 144, establece que las resoluciones de la Comisión Nacional Jurisdiccional sólo podrán ser revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de un tribunal electoral local.

Indicó que la Comisión transgredió los principios de certeza y seguridad jurídica, porque en una primera resolución consideró, esencialmente, que Adriana Noemí Ortiz Ortega no iba a ser postulada a senadora y reportó en Internet su registro a diputada federal de representación proporcional.

Posteriormente y en otra resolución, el Tribunal Electoral federal declaró la legalidad y existencia del registro de la fórmula integrada por Adriana Noemí Ortiz Ortega y Hortensia Aragón Castillo para el Senado de la República, por el principio de representación proporcional.

Determinó amonestar al PRD por su omisión en contestar los requerimientos de información y documentación para sustanciar los juicios ciudadanos presentados.

Por otra parte, la Sala Superior ordenó remitir copia certificada de la demanda presentada ante el TEPJF por Mary Telma Guajardo Villareal al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, para que, en el ámbito de su competencia, investiguen la probable comisión de actos de violencia de género expuestos por la ciudadana.

El pleno tomó esa decisión, luego de que la ciudadana afirmó haber sufrido diversos actos relacionados con violencia política de género, por lo que las autoridades deben analizar si existen elementos que permitan acreditar alguna acción o actitud de este tipo.