El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las sentencias por las que se confirmaron las negativas de registro como candidatos independientes de dos ciudadanos que no habían logrado la dispersión adecuada de los apoyos obtenidos.

Durante la sesión de este miércoles, el pleno de la Sala Superior del TEPJF revocó, por unanimidad de votos, las sentencias dictadas por la Sala Regional Monterrey respecto de los dos ciudadanos.

El pleno consideró que, en los casos de los dos aspirantes, exigir la dispersión geográfica de los apoyos constituye un requisito excesivo que afectó sus derechos a ser votados, por lo que determinó la inaplicación de la norma impugnada.

La legislación de Nuevo León determina que, además del requisito relativo a obtener un determinado número de firmas de apoyo, éstos deben reflejar una dispersión geográfica entre las secciones electorales.

Así, para ser registrado como candidato a la presidencia municipal o a una diputación local, es necesario conseguir el apoyo de al menos dos por ciento de los ciudadanos que figuren en la lista nominal.

Además, que éstos residan en cuando menos la mitad de las secciones electorales del municipio o distrito, de acuerdo con el Artículo 204 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León había rechazado las solicitudes de registro de los aspirantes Pedro Alejo Rodríguez Martínez, al cargo de presidente municipal de Monterrey, y de Gerardo Javier Villareal Tomasichi, a diputado local por el distrito ocho.

Lo anterior, debido a que no lograron la mencionada dispersión, a pesar de contar con la cantidad de apoyos requerida.

Ambos aspirantes presentaron impugnaciones ante la Sala Regional Monterrey, la cual señaló que el requisito consistente en la dispersión geográfica no restringe de manera injustificada el ejercicio del derecho a ser candidato independiente.

En ese mismo sentido, la Sala indicó que dicho requisito es proporcional, porque asegura que la ciudadanía tenga opciones de candidaturas realmente representativas, auténticas y competitivas.

Inconformes con estas resoluciones, Rodríguez Martínez y Villareal Tomasichi presentaron recursos ante la Sala Superior, argumentado que la Sala Monterrey fue omisa.

Ello, al llevar a cabo únicamente el control de legalidad, más no de constitucionalidad de la norma cuestionada y de la proporcionalidad del requisito de la dispersión.

Al resolver los recursos SUP-REC-232-2018 y SUP-REC-242/2018, los magistrados compartieron los argumentos presentados por los aspirantes, por lo que declararon la inaplicación de la porción normativa respectiva, contenida en el Artículo 204 mencionado.

A su juicio, exigir la dispersión en estos casos aumenta, de forma indebida, los requisitos para que los ciudadanos que deseen participar como candidatos independientes, pues vulnera su derecho a ser votado previsto en el Artículo 35 de la Constitución.

La Sala Superior consideró inconstitucional exigir a un aspirante a candidato independiente en la elección de diputados electorales locales, que el respaldo o apoyo ciudadano se integre por electores de por lo menos la mitad de las secciones electorales del municipio o distrito.

Ello, porque el requisito de dispersión “seccional” restringe de manera innecesaria el derecho a ser votado, pues la sección electoral es la delimitación territorial más pequeña dentro de la geografía electoral, cuya finalidad es estrictamente electoral.

Lo anterior, toda vez que es el ámbito cuantitativo utilizado para instalar una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma.

Asimismo, señaló que la concentración de apoyos ciudadanos en determinadas secciones electorales no supone un riesgo en la competitividad o representatividad de la candidatura independiente.

El pleno consideró que existen otras exigencias encaminadas a garantizar cierta pluralidad en la legitimidad del aspirante a candidato ciudadano, como es el propio requisito de obtener un determinado porcentaje de apoyo ciudadano.

En consecuencia, la Sala Superior declaró la inaplicación de la norma impugnada y ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, verificar si ambos aspirantes acreditan el resto de los requisitos exigidos en el marco legal y, de ser el caso, les otorgue los registros correspondientes.