Con el propósito de prevenir los delitos en menores de edad, así como priorizar su reinserción a la sociedad, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, junto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), inauguraron el II Seminario de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en la participación del encargado de la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Juan Manuel Zavala Evangelista, recalcó que dependerá de las instituciones dar un buen tratamiento y una correcta inserción a la sociedad de las niñas, niños y adolescentes involucrados en algún delito.

En un comunicado, Zavala Evangelista dijo que se debe apostar a la prevención del delito y por ello, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, ha desarrollado trabajos en la materia, como Repensar, cuya atención se especializa menores de edad como víctimas del delito y como adolescentes en conflicto con la ley.

Por su parte, el titular del Inacipe, Gerardo Laveaga, expresó que para prevenir, crear mecanismos alternativos, establecer una justicia restaurativa, garantizar y probar la reinserción social, se deben aportar críticas e ideas.

Dijo que el motivo de este seminario es generar conocimientos, así como comparar y analizar cómo ha funcionado lo que se ha puesto en práctica y tener claro en qué se ha fallado, a fin de mejorar el sistema para el bien de las niñas, niños y adolescentes del país.

Mientras que el procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, Luis Enrique Guerra García, mencionó que las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas han homologado sus legislaciones en esta materia, además de que cuentan con protección para ese sector de la población.

En tanto, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Israel Eslava Pérez, enfatizó que este organismo considera que la forma más adecuada de hacer frente a dichos desafíos, es el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral, que contemplen la centralidad de los derechos humanos como eje de actuación de todas las autoridades.