A partir de hoy, los adolescentes de la Ciudad de México cuentan con un protocolo de defensa ante detenciones de autoridades de seguridad y justicia, que inhibe cualquier estigmatización y está apegado al respeto pleno de sus derechos humanos.

De acuerdo con la edición 321 de la Gaceta Oficial, ese grupo poblacional tiene resguardadas sus garantías de presunción de inocencia, debido proceso y exacta aplicación de la ley en materia penal, defensa adecuada y seguridad jurídica, en caso de cometer alguna infracción a las normas capitalinas.

En el Protocolo Interinstitucional para Personas Adolescentes Detenidas por Autoridad o Probables Infractoras en la Ciudad de México intervienen la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de los Juzgados Cívicos y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Durante los procedimientos, las dependencias involucradas están obligadas a garantizar el sano desarrollo físico, mental y emocional de las personas de entre 12 y menos de 18 años de edad.

Según el órgano de difusión del Gobierno de la Ciudad de México, si existe duda sobre la edad de la persona detenida, se aplicará el protocolo que salvaguarda su integridad.

El documento detalla que toda detención se realizará de conformidad con la ley y atendiendo al principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes. En caso de que alguien sea privado de su libertad, será tratado con la dignidad inherente a la persona.

En el diseño del protocolo, el gobierno capitalino refrendó el reconocimiento pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que de ninguna forma sean violentados y, en cambio, reciban un trato digno y de protección integral.

El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la respectiva a inclusión y discapacidad y la federal para prevenir y eliminar la discriminación, fueron considerados en el protocolo plasmado en la Gaceta Oficial.

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos para garantizar un desarrollo de vida satisfactorio, así como la Convención Americana, diversas observaciones y tratados internacionales en la materia, y otras legislaciones.

Entre los derechos de las personas detenidas por la autoridad resaltan la protección a la intimidad, confidencialidad y privacidad. 

Estas también deberán hacer del conocimiento, claro y comprensible, los derechos que asisten al involucrado, a establecer una comunicación efectiva con sus padres o con quien ejerza patria potestad, tutela o guarda y custodia, principalmente.

Los adolescentes pueden contar con un defensor público, excepto en los casos en los cuales prefieran un abogado privado, durante su estancia en las instalaciones gubernamentales por la detención.