La clínica legal de la Universidad de Pensilvania (Penn Law) pidió hoy de manera formal a relatores y grupos de trabajo de la ONU que investiguen los abusos sistemáticos contra inmigrantes sin documentos detenidos en centros privados del estado de Georgia.

En un comunicado, Penn Law indicó que presenta la petición con apoyo de 70 organizaciones de inmigrantes y derechos humanos estatales y nacionales a fin de que terminen “las continuas violaciones de los derechos perpetrados contra inmigrantes” en los centros de Stewart e Irwin.

La petición fue presentada luego de la muerte de Jeancarlo Alfonso Jiménez Joseph, un ciudadano de Panamá de 27 años de edad, que murió hace un año bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de detención de Stewart.

Jiménez pasó 19 días en confinamiento solitario cuando se lo encontró sin vida en su celda y hasta el momento no ha habido una investigación completa de las circunstancias de su muerte o de la posterior muerte de Yulio Castro Garrido, cubano de 33 años, detenido también en Stewart.

“Los funcionarios del gobierno no han respondido a la multitud de denuncias sobre el trato de los inmigrantes detenidos en los dos centros ni tampoco sobre el uso excesivo y arbitrario de la reclusión en solitario”, destacó Penn Law.

El centro legal señaló que las autoridades tampoco han respondido respecto de la obstrucción sistemática del derecho de los inmigrantes a recibir asesoramiento e información legal, ni sobre la falta de acceso a la atención médica necesaria.

Uno de los organismos que respalda la petición, Project South, también ha cuestionado el programa de trabajo en los dos centros de detención privados con fines de lucro de Stewart e Irwin, además de que ha pedido una investigación sobre el sistema de aislamiento solitario empleado en esos lugares.

Ambos sitios, operados por la empresa CoreCivic, obligan a los inmigrantes a participar en el programa laboral y toman represalias contra ellos si se niegan a hacerlo, colocándolos en confinamiento solitario o negándoles las necesidades básicas.

“El abuso y la explotación de CoreCivic de la mano de obra de los inmigrantes detenidos como parte de sus planes de lucro constituyen una forma contemporánea de esclavitud. Las prisiones corporativas deben rendir cuentas”, afirmó dijo Azadeh Shahshahani, director legal de Project South.

Además, representantes de Penn Law han examinado las condiciones en esos centros de detención respecto de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional y de los derechos humanos, luego de lo cual fue presentada la petición a los expertos de la ONU.

Los organismos piden a los relatores y grupos de trabajo de la ONU que lleven a cabo misiones de investigación en Stewart e Irwin, que publiquen un informe de sus hallazgos y que insten a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales para que cesen los abusos contra los detenidos.

“No olvidamos al señor Jiménez. Ni tampoco a los inmigrantes detenidos en Georgia cuyos derechos humanos continúan siendo violando por funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus representantes”, aseguró Shaunee Morgan, representante de estudiantes de derecho de Penn Law.