La Cámara de Diputados aprobó con 299 votos en favor cambios a una minuta del Senado para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles el Instituto Nacional de Migración (INM) resuelva la situación de personas extranjeras presentadas.

El dictamen avalado reforma el Artículo 111 de la Ley de Migración y se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, Irma Rebeca López López, del PRD, expuso que el documento modifica los periodos de alojamiento de personas migrantes extranjeras que han ingresado a territorio nacional sin contar con la documentación necesaria, para evitar que el tiempo se prolongue por semanas o meses y con ello se violen sus derechos.

Explicó que el proyecto propone acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, para ajustar los periodos de alojamiento a plazos congruentes con el texto constitucional y diversos instrumentos internacionales vinculados para el Estado mexicano.

Detalló que los plazos establecidos por la Ley de Migración para mantener a una persona privada de su libertad en una Estación Migratoria carecen de sustento constitucional y son desproporcionados.

Por ejemplo las personas migrantes que han ingresado sin documentación a territorio nacional y no tienen forma de acreditar su situación migratoria regular pueden ser privadas de su libertad de 360 a mil 440 horas.

Ante ello la reforma que se propone establece que el Instituto Nacional de Migración resuelva la situación de las personas extranjeras detenidas en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contandos a partir de su presentación, e instrumentar medidas cautelares alternativas para que enfrenten en libertad los procedimientos administrativos migratorios de que sean sujetos.

Afirmó que la aprobación del dictamen por pleno mandará un mensaje de que México respeta tanto su marco legal como los derechos humanos y la dignidad de los extranjeros que por motivos personales no puedan acreditar su estancia legal en el país.

De esa forma, los legisladores avalaron que el Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir de su presentación.