La Suprema Corte de Justicia asestó hoy un revés al presidente Donald Trump, al desechar un requerimiento de ley que permitía la deportación de ciertos criminales convictos por actos violentos.

Con cinco votos a favor -incluido el juez conservador Neil Gorsuch- y cuatro en contra, el máximo tribunal mantuvo vigente un fallo previo de una Corte de Apelaciones.

Aunque Gorsuch ha sido etiquetado por expertos como de orientación conservadora, el magistrado propuesto por Trump decidió sumarse a la columna de los cuatro jueces liberales.

Se trata del primer voto mayor de Gorsuch en un tema que marca la intersección entre migración y cumplimiento de la ley.

El caso involucra al inmigrante filipino James García Dimaya, quien fue acusado de robo residencial en 2007 y 2009, por lo que la entonces administración del presidente Barack Obama puso en marcha la deportación a su país.

Sin embargo, sus abogados argumentaron que su cliente, que era residente legal permanente, nunca fue notificado que los delitos lo hacían elegibles a una deportación.

Con argumento de que era inconstitucional sumar los dos delitos de robo para tipificarlos como “delito agravado”, los abogados de García Dimaya llevaron su caso a la Novena Corte de Apelaciones y ganaron.

Bajo la ley vigente, un “crimen de violencia” es todo aquel que incluye toda ofensa donde usó la fuerza o se pudo haber usado. En tales casos, el castigo es punible con deportación.

“Nadie debería sorprenderse que la Constitución no ve con buenos ojos una ley tan vaga que gente razonable no puede entender sus términos y los jueces no saben cómo empezar a aplicarla”, escribió Gorsuch.

La Suprema Corte ha tomado posiciones similares contra estatutos legales vagos, pero este fue el primer caso de su tipo con la participación de Gorsuch.