El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó reasumir su competencia originaria para conocer de la revisión de un amparo indirecto promovido contra la sentencia de un juzgado de distrito de Coahuila.

En dicho recurso, fue concedido un amparo y se sobreseyó una causa penal seguida a un exservidor público que en su momento, por decisión del pleno del alto tribnal, fue consignado por desacato de una sentencia de amparo.

En agosto de 2014, al resolverse el incidente de inejecución de sentencia 1858/2013, el pleno de la SCJN ordenó consignar ante un juez de distrito, entre otras personas, a Roberto Flores Zamudio, quien se había desempeñado como jefe de Catastro Municipal, por el desacato de una sentencia de amparo.

En dicha sentencia, se concedió a una quejosa la protección de la Justicia de la Unión para dejar insubsistente un dictamen de valuación catastral y se dictara uno nuevo, debidamente fundado y motivado.

Sin embargo, un juez de distrito diverso concedió el amparo al quejoso, para sobreseer la causa iniciada en su contra.

En la resolución de este día, el pleno resolvió reasumir su competencia originaria para conocer de la revisión interpuesta contra la sentencia que concedió el amparo, por lo que será la Primera Sala la que conocerá de dicha revisión.

En otros temas, al resolver la contradicción de tesis 26/2017, sustentada entre dos tribunales colegiados de circuito, el pleno determinó que para conocer de un juicio de amparo promovido contra una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que determinó incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas, prevista en el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La competencia debe recaer en un juez de amparo especializado en la materia administrativa, al tratarse de un acto de esa naturaleza, previsto en una ley del ámbito administrativo y ejecutado por una autoridad de igual tipo.

Por lo anterior, esa competencia no podría recaer en un juez de distrito especializado en materia penal, como argumentaba uno de los tribunales colegiados contendientes.