Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a Arabia Saudita investigar las denuncias de abusos presuntamente cometidos durante la purga anticorrupción, que llevó a cabo a fines del año pasado y alcanzó importantes hombres de negocios y miembros de la realeza.

En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos destacó que 17 de los cientos de detenidos en el Hotel Ritz Carlton de cinco estrellas en Riad requirieron hospitalización por abuso físico, según una denuncia hecha el lunes pasado por el diario The New York Times.

“El presunto maltrato en el Ritz Carlton es un duro golpe para las pretensiones de Mohammad bin Salman de ser un reformista modernizador", consideró Sarah Leah Whitson , directora para Medio Oriente de HRW sobre la purga saudita.

El 4 de noviembre pasada, la Agencia de Prensa Saudita (SPA) anunció un decreto real para la creación de un Comité Anticorrupción de alto nivel encabezado, por el príncipe heredero, Mohammad bin Salman, quien ordenó la detención de toda persona vinculada con la corrupción.

La llamada “purga anticorrupción” alcanzó a líderes empresariales, príncipes y ministros, entre ellos Alwaleed bin Talal, sobrino del rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita, dueño de la firma de inversión Kingdom Holding y uno de los principales inversionistas en importantes firmas internacionales como Citigroup y Twitter.

HRW recordó que el 30 de enero pasado, el fiscal general de Arabia Saudita anunció que las autoridades habían "citado" a 381 personas en la investigación de corrupción, pero que las autoridades habían liberado a todos los que no se les encontraron pruebas suficientes.

“El gobierno destacó que había incautado más de 400 mil millones de Riyals de Arabia Saudita (unos 106 mil millones de dólares) en activos, incluidos bienes raíces, entidades comerciales, valores, efectivo y otros activos", indicó

La declaración, agregó la organización no gubernamental (ONG), decía que 56 personas permanecían bajo custodia "para continuar el proceso de investigación".

Sin embrago, explicó HRW, el informe del New York Times identificó a Bakr bin Laden, presidente del Saudi Binladin Group, y al príncipe Turki bin Abdullah, ex gobernador de Riad e hijo del fallecido rey Abdullah, como dos de los hombres que permanecen detenidos.

Entre las 17 personas, que según el diario estadunidense, requirieron hospitalización por abuso durante la detención, se identificó al mayor general Ali al-Qahtani, un ayudante del príncipe Turki, quien más tarde murió bajo custodia.

“El informe citaba a una persona que vio el cuerpo, que tenía signos de abuso físico, incluido un cuello retorcido y quemaduras que parecían ser de descargas eléctricas”, destacó la organización, con sede en esta ciudad.

El informe indicó que, además del Príncipe Turki, la investigación sobre corrupción apuntó a otros hijos del difunto Rey Abdullah, el príncipe Mishaal bin Abdullah y el príncipe Miteb, veterano jefe de la Guardia Nacional, quien fue otra de las 17 personas que requirieron hospitalización.

HRW ha investigado numerosas denuncias de tortura y malos tratos en cárceles y centros de detención sauditas en los últimos años y ha documentado el uso por parte de los tribunales sauditas de las confesiones para condenar a los acusados a penas graves, incluida la pena de muerte, incluso después de que los acusados trataran de retractarse.

La ONG obtuvo y analizó siete sentencias de juicio separadas dictadas por la Corte Penal Especializada de Arabia Saudita en 2013 y 2014 contra hombres y niños acusados de crímenes relacionados con manifestaciones populares de miembros de la minoría chiita en 2011 y 2012 en ciudades de la Provincia Oriental.

“En los siete juicios, los detenidos alegaron que las confesiones se obtuvieron mediante tortura, pero los jueces desestimaron rápidamente estas denuncias sin investigación, admitieron las confesiones como pruebas y luego condenaron a los detenidos casi exclusivamente en base a estas confesiones, a veces dictando sentencias de muerte”, destacó.

El 7 de marzo, HRW publicó un informe que documentó el maltrato del sistema de justicia penal saudita a ciudadanos paquistaníes involucrados en casos criminales, como largos períodos de detención sin cargos ni juicio, la falta de acceso a la asistencia legal, presión sobre los detenidos para firmar confesiones, entre otros.

La organización internacional destacó que como parte de la Convención contra la Tortura, Arabia Saudita debe adoptar "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para prevenir los actos de tortura".

“El derecho internacional de los derechos humanos protege otros derechos básicos, incluido el derecho a no ser detenido arbitrariamente”, subrayó.

Cualquier acusación que las autoridades presenten debe parecerse a un crimen reconocible. Como mínimo, los detenidos deben ser informados de los motivos específicos de su arresto, deben poder impugnar justamente su detención ante un juez independiente e imparcial, tener acceso a un abogado y a sus familiares, y hacer que su caso sea revisado periódicamente.

"Si bien Arabia Saudita no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye fuentes autorizadas y directrices que reflejan las mejores prácticas internacionales”, apuntó.