La Cámara de Diputados conoció de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana, donde se sugiere que se consideren las especificaciones nacionales e internacionales para el diseño, construcción o adecuación de ese tipo de infraestructura.

En el documento se hace ese planteamiento a gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al comisionado nacional de Seguridad, y se destaca que el régimen penitenciario requiere de espacios dignos y adecuados para el desarrollo de actividades a las que deben acceder las personas privadas de la libertad.

El informe enviado a la Comisión de Derechos Humanos precisa que en diciembre de 2017 el sistema penitenciario albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 establecimientos, y de esta población, 13 mil 177 estaban en mil 94 centros con capacidad menor a 250 espacios.

Estos centros de baja capacidad dependen de las autoridades estatales, no cuentan en su mayoría con una configuración para desarrollar un buen régimen penitenciario, y 48 de ellos tienen problemas de sobrepoblación, precisa.

Por ello, la CNDH pide desarrollar obras de infraestructura que garanticen la clasificación de la población penitenciaria, cuenten con una estancia digna, atención a la salud, educación, deporte, trabajo y capacitación laboral, seguridad, así como favorecer la vinculación con su entorno familiar y social y coadyuvar a una mejor reinserción social.

También sugiere realizar esas mejoras en los centros de baja capacidad para la atención de mujeres, con criterios de protección a sus derechos humanos y de sus menores hijas e hijos; principios de progresividad, universalidad e indivisibilidad, de conformidad con los estándares internacionales.