La policía federal brasileña detuvo hoy a uno de los mayores jefes de la policía civil de Río de Janeiro –encargada de investigar crímenes- y a otro alto mando de la corporación militar, ante las evidencias de que habrían liderado un millonario esquema de corrupción en la gestión de la cárceles.

La fiscalía federal brasileña reveló hoy que 23 millones de reales (unos siete millones de dólares) fueron desviados del sistema de abastecimiento y producción de alimentos de la prisiones del estado de Río de Janeiro por parte de una organización criminal liderada por policías.

La operación, denominada Padre Nuestro, desveló la existencia de una trama por la cual una empresa privada (Induspan) lucró con la mano de obra de prisioneros y de la compra de insumos por parte del Gobierno para fabricar pan y otros alimentos, y revenderlos superfacturados al Ejecutivo.

Uno de los miembros del grupo criminal sería el exdirector del sistema penitenciario del estado de Río, Cesar Rubens Monteiro, policía militar, quien hoy se supo que tenía siete embarcaciones y multiplicó su patrimonio entre 2009 y 2011.

Otro de los detenidos es el director del departamento de la policía especializada de Río, Marcelo Martins, uno de los mayores líderes de las fuerzas del orden en el estado brasileño, acusado también de participar en el esquema de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

El grupo criminal habría usado la moneda virtual Bitcoin para evitar los controles de la Hacienda brasileña y el Banco Central en su intento de enviar parte de los lucros del esquema al exterior.

Las cárceles brasileñas son objeto desde hace años de motines y violencia por parte de los presos, que reclaman prisiones en condiciones insalubres y un uso extendido de la corrupción por parte de las autoridades.

En enero de 2017, una cárcel en la ciudad amazónica brasileña de Manaus fue noticia internacional después de un motín en que murieron 60 presos -39 decapitados-, mientras se reveló la existencia de armas, drogas y celulares dentro del presidio, que está administrado por una empresa privada.

Analistas reclaman que Brasil necesita al menos 200 mil plazas suplementarias para dar cabida al total de la población carcelaria, que supera el medio millón de personas.

Brasil tiene una media de 274 encarcelados por cada 100 mil habitantes, según datos del Centro Internacional de Estudio de las Prisiones (ICPS, en sus siglas en inglés).