El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió hoy a los países de América Latina ser "solidarios" con los venezolanos que se han visto forzadas a abandonar su país por la falta de alimentos y medicamentos o el acceso a servicios sociales básicos.

La Agencia de la ONU para los Refugiados publicó este martes nuevas guías para aborden la situación de los venezolanos en necesidad de protección internacional y asistencia humanitaria, ante la continua y creciente salida de venezolanos hacia países vecinos y otros países de la región.

De acuerdo con la portavoz del ACNUR, Aikaterini Kitidi, se ha producido un aumento de dos mil por ciento en el número de venezolanos que han solicitado el reconocimiento de condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en América Latina en 2017.

Como resultado del complejo contexto político y socioeconómico en Venezuela, muchas familias se han visto forzadas a abandonar sus hogares por una amplia variedad de razones, como la inseguridad y la violencia, la falta de alimentos, medicamentos o el acceso a servicios sociales esenciales, así como la pérdida de ingresos.

En una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra, Kitidi destacó que más de 94 mil venezolanos pudieron acceder a la condición de refugiado en 2017 u optar por otras alternativas, que le otorgan el derecho al trabajo y acceso a la salud y la educación.

Sin embargo, cientos de miles permanecen sin documentación o permiso para residir legalmente en países de acogida. Lo que “hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia”, alertó.

En este contexto, el ACNUR alentó a los países latinoamericanos garantizar que los venezolanos tengan acceso a sus diferentes territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.

Kitidi pidió a los gobiernos que adopten respuestas pragmáticas de protección para el pueblo venezolano, como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de residencia temporal, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el derecho al trabajo.

“ACNUR aplaude a los países de América Latina que han introducido tales opciones, y espera que los costos y requisitos se flexibilicen cuando sea necesario para garantizar el acceso a los mencionados derechos”, destacó.

Recordó que América Latina cuenta con algunos de los marcos normativos y prácticas más progresistas del mundo en materia de protección internacional, como la Declaración de Cartagena de 1984, que se basa en la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y que incorpora una definición más amplia de refugiado.

ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena.

“Si bien los gobiernos de la región han sido generosos en su respuesta, las comunidades de acogida que reciben venezolanos se encuentran bajo creciente presión y necesitan apoyo de forma urgente y contundente, para promover la coexistencia pacífica y prevenir manifestaciones de discriminación y xenofobia”, apunto.

Kitidi destacó que ACNUR trabajará para alcanzar que los refugiados venezolanos tengan acceso a la protección, en cooperación con todos los niveles de gobierno y otros actores relevantes interesados, incluidas otras agencias de las Naciones Unidas.