El gobierno de Brasil podría pedir contribuciones a grandes empresas y ejecutivos del país para financiar la compra de armas, vehículos, equipamientos y aun salarios de policías, ante el desafío de reducir la inseguridad sin elevar el déficit fiscal, consideró el Ministerio de Seguridad Pública.

“Soy un ministro sin equipo, sin dinero y sin techo. No es fácil”, dijo Raúl Jungmann, extitular de la cartera de Defensa que hoy ocupa el recién creado Ministerio de Seguridad Pública.

El Ejecutivo estudia “proponer una acción empresarial por la seguridad” en que se crearía un “fondo para recibir donaciones de los empresarios”.

La semana pasada, el Ejecutivo anunció que pondría a disposición de estados y alcaldías, que se encargan de la mayor parte de la seguridad pública en Brasil, créditos por valor de 42 mil millones de reales, unos 13 mil millones de dólares, para financiar acciones de seguridad pública, en un país azotado por el crimen.

Con todo, el alto índice de endeudamiento de la administración pública podría dificultar el acceso a recursos, en un país duramente castigado por dos años de recesión que hicieron encoger un 7 por ciento el Producto Interior Bruto (PIB).

Tras fracasar su reforma del sistema de pensiones, el presidente brasileño, Michel Temer, apostó por usar el combate contra la inseguridad pública como una forma de mejorar su imagen, ya que su cota de popularidad apenas roza el 5 por ciento, impactada por los escándalos de corrupción de su Ejecutivo.

Temer, que dijo que no sería candidato a las elecciones de octubre, aprobó el despliegue de militar en Río de Janeiro para tomar mando de la seguridad pública en un estado que, según el presidente, casi fue cooptado por “el crimen organizado”.

Con todo, la medida es muy controversial y está siendo muy cuestionada por la sociedad civil, ante la posibilidad de abusos de los militares en un país que apenas tres décadas atrás salió de una dictadura militar (1964-1985) sin juzgar a los responsables de abusos de derechos humanos.