La diputada federal Arlette Muñoz Cervantes planteó reformar la Ley General de Protección de Datos Personales y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para endurecer las sanciones en contra de los servidores públicos que usen los datos personales de manera discrecional.

Argumentó que “al usar las instituciones con fines políticos sólo se vulnera el Estado de derecho que debe prevalecer en un proceso electoral y aumenta incertidumbre”, por lo que los funcionarios que incurran en la divulgación de información personal, sin el consentimiento correspondiente, deben ser sancionados e incluso inhabilitados de manera permanente.

Por ello, en su iniciativa propone adicionar un Artículo 55 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer como una falta grave el que los servidores públicos divulguen o faciliten información sin el consentimiento del involucrado.

Además, adicionar un Artículo 82 Bis y un párrafo XV al Artículo 163 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para prohibir que los responsables del manejo de datos personales divulguen información sobre una averiguación y/o carpeta de investigación.

De igual forma, se fija una responsabilidad directa y se endurecen las sanciones administrativas para los responsables del manejo de información personal que incurran en la divulgación de datos, así como de grabaciones de audio y video, por causas distintas a los supuestos de excepción contemplados en la ley.