La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el Artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Así resolvió la Primera Sala del alto tribunal, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, el amparo directo en revisión 6834/2016 que promovió un recurrente, mismo que fue condenado por el delito de trata de personas e impugnó la constitucionalidad del citado artículo.

En este asunto, la Sala resolvió que ello no viola el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Al respecto, la Primera Sala sostuvo que el aludido protocolo obliga a los Estados a legislar para crear tipos penales que sancionen la trata de personas.

En cumplimiento de este mandato, el Estado mexicano, a través del Congreso de la Unión, estableció el tipo relativo que señala que comete el delito de trata el que se beneficie de la explotación de una o más personas.

Lo anterior a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada.

Aunado a lo anterior, el hecho de que se establezca que no se requerirá la comprobación de los medios comisivos del delito no vulnera el Artículo tercero del protocolo; por el contrario, se trata de una medida adecuada para cumplir con los objetivos delineados en el tratado internacional.

Así el artículo en cuestión no supone bajo ningún concepto relevar de la carga de la prueba al Ministerio Público de algunos elementos del delito.

Lo único que hace es que determinó que cuando el sujeto pasivo del delito es un menor la conducta típica consiste simplemente en beneficiarse de la explotación de una o más personas menores de edad.

Ello “a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada”.

De esta manera, cuando un menor es víctima de este delito es irrelevante el medio del que se haya valido el sujeto activo –engaño, violencia, aprovechamiento de vulnerabilidad, daño o amenaza– para lograr el resultado.

De este modo, se confirmó la negativa del amparo.