El Poder Judicial de la Federación (PJF) aplicará medidas de racionalidad del gasto, para lograr un ahorro de mil 290 millones 800 mil pesos, en el ejercicio fiscal 2018.

Las medidas de austeridad se implementarán en rubros como proyectos de obra no prioritarios, viáticos y pasajes, adquisición de bienes inmuebles y gastos de ceremonial y difusión, entre otros, sin afectar la impartición de justicia.

Las acciones, que incluyen medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y modernización de la gestión, deberán articularse con la planeación institucional y el presupuesto autorizado de cada uno de los órganos del PJF, para garantizar una impartición de justicia de calidad con un esquema integral de indicadores, que permita verificar los resultados

“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”, señaló en un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial.

El documento destaca que el compromiso de ahorro que adquirieron fue alcanzar la cantidad de hasta mil 290 millones 800 mil pesos, de los cuales 280 millones corresponderán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así como mil millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y 10 millones 800 mil pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para lograr el ahorro comprometido, se acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión.

En el rubro de recursos humanos, el acuerdo dispone que la creación de plazas obedezca a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional, sujeta a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del PJF.

Las plazas que permanezcan vacantes por más de seis meses se destinarán a cubrir requerimientos de proyectos o programas nuevos, prioritarios o estratégicos.

Además de que se limitarán también los contratos de prestación de servicios profesionales a los estrictamente indispensables y necesarios para las áreas de apoyo de la función jurisdiccional y las ausencias por otorgamiento de licencias se cubrirán en los casos en que sean requeridas por el titular del órgano correspondiente.

En el renglón de recursos materiales, el acuerdo dispone que se promoverá la adquisición consolidada de bienes o servicios en los rubros de materiales de oficina y administración, equipo de cómputo, vehículos, telefonía celular, seguros de vehículos, transportación aérea y hospedaje, entre otros y se evitará adquirir aquellos no previstos en los programas autorizados previamente.

También se promoverá la racionalización en el uso del Internet y, en el rubro de mobiliario, se privilegiará el mantenimiento y rehabilitación del existente.

Se reducirán al mínimo indispensable los gastos en programas sociales, culturales y eventos similares, particularmente gastos de promoción y actividades que impliquen salidas masivas del personal y los traslados que requieran transporte, comida y hospedaje fuera del ámbito de residencia de su lugar de trabajo.

La adquisición de vehículos de servicio deberá disminuirse a lo indispensable, se realizará preferentemente para sustituir al parque vehicular que haya dejado de ser útil por aquellos que cuenten con tecnologías limpias y acceso a promociones de extensión de garantía o mantenimiento gratuito.

En materia de difusión, se impulsará la realización de producciones televisivas del Poder Judicial con recursos propios o entidades del Estado, evitando arrendar equipo de video, audio e iluminación.

Se privilegiará celebrar convenios con instancias gubernamentales, que permitan aportar tiempos de grabación, producción y transmisión en estaciones de radio, de programas, capsulas y spots de radio sobre el quehacer institucional.

Para difundir información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales, se privilegiará el uso de la Intranet e Internet, racionalizando y optimizando los recursos autorizados para las publicaciones en medios impresos.

Para abatir costos de publicación, distribución y ocupación de espacio, las ediciones institucionales se publicarán preferentemente en medios y dispositivos electrónicos, y se reducirá al mínimo la impresión de folletería, libros institucionales y demás materiales.

El acuerdo contempla también medidas de aprovechamiento de espacios físicos propios, para la realización de convenciones, congresos, talleres y actividades similares, trabajo de oficinas e, incluso, la asignación y uso de lugares de estacionamiento.

Las remodelaciones de oficinas serán las mínimas indispensables y deberán permitir una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles institucionales.

Se dará prioridad a la adquisición de inmuebles y ejecución de obra pública de carácter prioritario y se adoptarán medidas de eficiencia operativa amigables con el ambiente, como el ahorro de papel, agua, electricidad, impresiones y uso de tecnologías informáticas.

Los viáticos y pasajes se restringirán a lo estrictamente indispensable, mientras que las comisiones de los servidores públicos se realizarán para asuntos relacionadas con las funciones jurisdiccionales o de apoyo a éstas.

Los ingresos excedentes derivados de la operación de los órganos del PJF se identificarán y destinarán a proyectos prioritarios o, en su caso, podrán ser puestos a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El avance y el monto de ahorro obtenidos, derivados de la aplicación de estas medidas, se reportarán trimestralmente a la secretaría de Hacienda en el “Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública” y en la “Cuenta anual de la hacienda pública”.