El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Marcos Díaz Santana, firmaron el Compromiso por el Blindaje Electoral, para garantizar el uso de los recursos públicos y programas institucionales estatales en beneficio de la población.

También, las presidentas del Tribunal Superior de Justicia, Verónica Cuevas López, y de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Beatriz Vicera Alatriste, así como el titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, signaron un acuerdo para el programa de trabajo en materia de capacitación, difusión e intercambio de información para la atención de delitos electorales.

En ese contexto, Graco Ramírez confió en que la legalidad del proceso electoral 2018 se dé en plenitud y los candidatos a cargos de elección popular cubran los requisitos constitucionales, para tener la certeza de que quien sea electo cumpla con la ley.

Destacó que cumplir con la ley es una necesidad democrática para que la sociedad gane y afirmó que “la democracia se construye, no se decreta”, es, agregó, un sistema perfectible.

“En la medida en que cuidemos a las instituciones democráticamente construidas vamos a fortalecer al país, porque la sustitución de las instituciones por personas es un peligro. Nunca, como diría Morelos, el mejor de los hombres es mejor que la Ley. Es decir, nadie puede estar, por más prominente y más fuerte que se pueda sentir por el respaldo ciudadano, por encima de la Ley”, afirmó.

El mandatario indicó que el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo financiero para garantizar recursos para que el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE) puedan realizar plenamente sus funciones.

En tanto, Héctor Díaz Santana indicó que la Fepade está obligada a capacitar a servidores públicos para prevenir y atender delitos electorales, además de aplicar acciones de blindaje electoral para evitar que los recursos y programas públicos, federales, estatales y municipales se utilicen para favorecer a partidos políticos o candidatos.

“Los programas sociales tiene como fin construir capital humano, sacar a las personas de la marginalidad social y ayudar a combatir la pobreza. Cuando se utilizan para fines clientelares, se está generando mayor atraso y hasta corrupción”, apuntó.

Sostuvo que todas las instituciones, no sólo las electorales, están obligadas a generar un clima de paz social e imparcialidad, así como a dar a los ciudadanos todas las garantías para que ejerza su voto, de manera libre y secreta.