El sector empresarial ratificó hoy su apoyo a la industria minera y exigió una pronta resolución de la justicia en el caso de una transnacional que suspendió operaciones por las protestas de comunidades indígenas contra las actividades extractivas.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemala-Estados Unidos (Amcham, en inglés) lamentó la prolongada paralización de labores de la empresa ordenada por un tribunal, que ahuyenta inversiones y posibilidades de creación de empleo.

Dijo que ante la falta de certeza jurídica se generan incidentes violentos como la retención de unas tres horas del vicepresidente de operaciones de Tahoe Resources, David Howe, y el gerente Camilo Medina por supuestas comunidades contrarias a las actividades de la industria extractiva.

El incidente ocurrido la semana pasada se generó en las instalaciones de la Minera San Rafael, operada por la transnacional Tahoe Resources, cuyas operaciones están paralizadas desde hace ocho meses por una resolución judicial.

Carrasco sostuvo que el conflicto minero “agrava la percepción local e internacional en cuanto a la inestabilidad en materia política y jurídica que vive el país”, lo que reduce las oportunidades de negocios y de inversiones.

Tras varias semanas de protestas de las comunidades, la Corte Suprema de Justicia ordenó en julio de 2017 la suspensión de la minera San Rafael, ubicada en el oriental departamento de Santa Rosa, que explota oro.

Las comunidades indígenas de la región denunciaron contaminación y graves daños contra recursos naturales de la región por las operaciones de la industria extractiva, en especial la minería a cielo abierto.

La poderosa Cámara de Industria de Guatemala afirmó por su parte que la tardanza de los magistrados de resolver en definitiva en el caso de la minera perjudica a la economía del país.

Resaltó que unas tres mil 750 familias son afectadas por la pérdida de empleos en el sector minero, propiciada por el cierre de operaciones de la minera San Rafael.

El presidente Jimmy Morales, en una reunión con empresarios esta semana, coincidió en que la suspensión de labores de la minera extranjera obstaculiza el crecimiento económico del país que requiere de índices superiores al promedio de 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto.