Amnistía Internacional denunció hoy las crecientes represiones policiales en contra de las protestas callejeras registradas durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

Esta reconocida organización de derechos humanos presentó este jueves su informe mundial y en el capítulo dedicado al país sudamericano destacó las detenciones indiscrimidas en contra de manifestantes, así como múltiples denuncias de abusos policiales.

Por ejemplo, citó el caso del operativo que se llevó a cabo el 8 de marzo del año pasado, en el marco el Paro Internacional de Mujeres.

“Muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo”, recordó.

En abril, añadió, “se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos. Las personas que participaban en la manifestación denunciaron que las fuerzas policiales habían empleado gas lacrimógeno y las habían golpeado mientras las Fuerzas Armadas miraban sin intervenir”.

Más adelante, en septiembre, 31 personas fueron violentamente detenidas y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de policía de la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación masiva por la desaparición del joven Santiago Maldonado.

“Las personas detenidas denunciaron que las habían golpeado, y a algunas mujeres las habían obligado a desnudarse”, subrayó el informe.

En diciembre, agregó, “una multitud de manifestantes tomó las calles de Buenos Aires para expresar su desacuerdo con una reforma legislativa propuesta por el gobierno. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”.

Amnistía Internacional explicó que, el año pasado, Argentina se sometió a los exámenes de Naciones Unidas y de otras instancias de este organismo como el Comité contra laTortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Argentina.

En otros temas, la organización denunció que en este país las mujeres y las niñas siguen afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo pone en peligro su vida salud o cuando es consecuencia de una violación.

También destacó que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre se registraron al menos 254 feminicidios y que el Instituto Nacional y el plan oficial para erradicar la violencia a las mujeres “parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.