La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, dijo que se debe aplicar la ley a quienes resulten responsables por las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, para el noticiero Despierta, comentó que pidió al periódico Reforma presentar las pruebas ante la Procuraduría General de la República (PGR), de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o la Sedatu hubieran triangulado recursos, como señala su publicación, pero no se presentaron.

“Ayer no se presentaron, no hay tales pruebas. Quiero aquí ser muy clara, se habla de que la Auditoría Superior de la Federación acusa a la Sedatu y la Sedesol, en su momento, de un desvío, pero nunca se utiliza la palabra desvío, habla de irregularidades de muchas dependencias públicas”.

En ese sentido, añadió que se establecieron estas irregularidades y como dependencia se tienen que ir solventando, y en las que no se acrediten, se procede ante la Secretaría de la Función Pública a pedir sanciones administrativas y penales.

“Soy la primera y más interesada en que esta investigación se haga a fondo”, refirió, e incluso dijo desde agosto pasado solicitó a la Función Pública que hiciera un análisis de su evolución patrimonial.

“Le pedí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con José Meade al frente en ese entonces, que la unidad de inteligencia financiera hiciera un estudio de todas mis transacciones financieras en México o si había en el extranjero”.

“Quiero acreditar mi absoluta voluntad de que esto se investigue profundamente. Así lo he hecho e instruido, y las empresas que han sido señaladas, ninguna tiene un vínculo ni con Sedesol, en su momento a mi cargo, ni con Sedatu”.

Sobre la contratación de servicios con universidades, dijo que se trata de un mecanismo absolutamente legal, cuando una institución pública contrata por el artículo 1 de adquisiciones a otra autónoma.

“Lo que el encargado del despacho de la auditoría dice es que ven un riesgo por la utilización de este artículo, por su discrecionalidad, entonces que lo cambie la Cámara de Diputados. A mí como Secretaría me corresponde, a las áreas que convinieron con esos entes, acreditar que los entregables están”.

Al respecto comentó que existen dos mecanismos de control, uno es de la institución que contrata, que tiene que verificar que lo que contrató le sea entregado, y otra cómo hace sus licitaciones el ente público autónomo, y cómo procede internamente.

Sobre los programas que se señalan no haber entregado, explicó que hay un fondo para estados y municipios de combate a la pobreza que se había utilizado para otras cosas que no eran su objetivo, por lo que se reorientó y se formó una figura de coordinador técnico municipal, por lo que se contrató vía universidades.

En el caso de sistema informático dijo que lo usa toda la administración pública, se llama Sistema de Focalización para el Desarrollo, porque hicieron un padrón de quiénes deben ser beneficiarios de los programas sociales.

“Los que no existan que se castiguen, los que se acrediten una vez que la Procuraduría termine sus investigaciones, porque ya están haciendo peritajes técnicos, si se acredita que no se entregaron, soy la primera en decir que se castigue”.

Sobre si este método ha sido muy usado en las dependencias que encabeza la funcionaria, dijo que se trata de un método que usan muchas secretarías y tiene muchos años, por lo que llamarlo “Método Rosario: de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia”.

“No está mal, es legal. La auditoría ha propuesto incluso que los convenios los suscriban los titulares para que haya una responsabilidad del titular, está como propuesta y tiene que quedar en la ley. Yo ya no estoy haciendo este método. Este año dijimos que ya no se haga ninguna contratación por esta vía”.

Añadió que existen peritajes y tiene que haber estudios de la PGR para ver si se entregaron o no se entregaron estos programas, “de los casos que hablé con el auditor me consta que se entregaron”.

En el caso de la cruzada contra el hambre se hicieron grupos nutricionales y disminuyó la pobreza alimentaria en el país, “por eso no permito que se manche todo este trabajo”.

“Lo que puedo establecer categóricamente es que Sedesol y Sedatu establecieron convenios legales, tienen que verificar que hubo esos entregables, la Procuraduría tiene denuncias donde no está Rosario Robles y se están haciendo peritajes de la mano de la auditoría”.

Se tiene que ir paso por paso, “que se hagan las investigaciones conducentes, y si esas conclusiones llegan a que yo fui responsable que se aplique la ley, yo no rehúyo a eso pero tengo la absoluta tranquilidad de haber trabajado con transparencia y honestidad”, puntualizó.