La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso local, Rocío Corona Nakamura, informó que se aprobaron reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Subrayó que el fin es que haya protocolos de acciones preventivas de la violencia contra las mujeres, a realizarse en espacios públicos y privados con la prestación de servicios, debido a la gran cantidad de casos que se reportan diario.

Resaltó que de acuerdo con la información presentada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la línea telefónica de emergencia 911 se reciben un promedio de 292 llamadas de mujeres que son violentadas en el país.

Manifestó que además, se estima que siete de cada 10 mujeres afrontan violencia física, emocional, laboral o sexual.

Detalló que la iniciativa presentada establece no sólo la prevención, sino protocolos y políticas públicas orientadas a detectar, atender y erradicar esos actos.

Mencionó que también se fijan los mecanismos internos para la denuncia, así como los pasos que se tienen que dar para entrar en auxilio, por parte del estado, para no engrosar el número de feminicidios.

Precisó que muchas mujeres acuden a diversas instancias y no son atendidas, por lo que el espíritu de esta reforma, que incluye modificaciones a las leyes del Gobierno y la Administración Municipal, y de Movilidad y Transporte del estado, es que haya los protocolos necesarios para escucharlas.

Expresó que otro de los asuntos aprobados en la Comisión, es que en el Reglamento Interno de la Contraloría del Congreso del estado, se establezca que de acuerdo con el Sistema Estatal Anticorrupción, todo servidor público, desde el intendente, diputados, gobernador y magistrados, tendrán que presentar su declaración 3 de 3, es decir, la patrimonial de intereses y la fiscal.

Afirmó que con estas disposiciones, se definen los procesos para la recepción, tramitación de quejas y denuncias, por ser competencia del órgano interno de control, "además se tendrán que diseñar políticas para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción".

"También, coordinar, dirigir y vigilar la entrega-recepción del Congreso, e intervenir en los procesos de adquisiciones, adjudicaciones, contrataciones y compras, de acuerdo con la nueva Ley de la materia ya aprobada".

Indicó que si se comprueban corruptelas, falta de transparencia o de rendición de cuentas, que constituyan un delito, tendrá que remitir los hechos sin dilación alguna a la Fiscalía Anticorrupción.

En la sesión de la Comisión de Puntos, también se votó en favor de una reforma a la Procuraduría Social, para que sea su facultad o atribución llevar a cabo y seguimiento puntual en lo relativo a personas desaparecidas, para que los familiares puedan acudir a señalar la ausencia o tramitar la presunción de muerte.

Señaló que existe una Fiscalía de desaparecidos, en donde se abren las carpetas de investigación correspondiente, y de acuerdo con la norma federal que se modificó, sólo deberán transcurrir seis meses para emprender acciones, ya que anteriormente eran dos años para tratar de encontrar a las personas.