Las Fuerzas Armadas brasileñas comenzaron a montar controles en los accesos por mar y tierra al estado de Río de Janeiro para combatir la llegada de armas y droga, al tiempo que lanzaron este miércoles una operación en una cárcel que fue objeto de un motín el fin de semana.

Miembros del Ejército y de la Marina controlarán la llegada de mercancías a Río por las autopistas federales y por la Bahía de Guanabara, que baña parte del estado, para impedir la llegada de droga, de armas y municiones, con el objetivo de estrangular el suministro para facciones criminales.

El Senado brasileño aprobó esta madrugada el decreto de intervención militar del presidente Michel Temer en Río de Janeiro y, de esta forma, refrendó el apoyo del Legislativo a una polémica y extrema medida del Ejecutivo que podría suponer una pérdida de libertades y derechos para la población local.

El gobierno dijo que pediría a la Justicia la emisión de órdenes de detención “colectivas” y entradas en domicilios de calles o incluso barrios enteros por parte de las Fuerzas Armadas, pero después se desdijo y aseguró que examinará “caso a caso” los allanamientos.

Los militares participan esta mañana de una operación en la cárcel Milton Dias Moreira, al norte de Río, con el objetivo de decomisar objetos prohibidos dentro de las celdas y llevar a cabo un control de esta prisión que fue objeto de un motín con 18 rehenes el domingo.

El control del sistema carcelario de Río es considerado clave en la intervención militar destinada a retomar el control de la seguridad en el estado, pues la corrupción permite a muchos líderes de grupos de narcotraficantes liderar las acciones de sus facciones desde las celdas de las cárceles, donde es común que tengan acceso a televisión, celulares e Internet.

El decreto de intervención, previsto por la Constitución brasileña, supone que las Fuerzas Armadas se desplegarán en el estado y pasarán a comandar a las policías militar y civil, incapaces de contener el repunte de la violencia que sufre Río de Janeiro desde después de los Juegos Olímpicos de 2016.

El estado de Río de Janeiro y su capital homónima viven desde finales de 2016 un recrudecimiento de la violencia, y en las últimas semanas la situación empeoró con tiroteos entre criminales y policías que han causado víctimas civiles.