La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, propuso fortalecer el sistema de denuncias en materia de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como reforzar el sistema de protección a denunciantes.

En la ceremonia de inauguración del seminario “El nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa”, consideró que existen aspectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) susceptibles de mejoras, como son las atribuciones de las autoridades que intervienen en el proceso de investigación e imposición de sanciones.

Ante el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte, Gómez González dijo que se debe considerar la posibilidad de crear una institución independiente que brinde el servicio de defensoría pública a los servidores públicos durante el procedimiento administrativo.

Acompañada por el magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, José Patricio González Loyola Pérez, Arely Gómez propuso robustecer el Servicio Profesional de Carrera y la capacitación de los servidores públicos en torno al procedimiento de responsabilidad administrativa.

Señaló que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del que forma parte, acordó la creación de un Grupo de Trabajo para analizar íntegramente dicha ley y las demás relacionadas.

“La implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha sido una tarea compleja y ardua”, reconoció al afirmar que hoy coexisten el régimen administrativo sancionador anterior y el actual, donde este último requiere personal especializado y exige de un andamiaje institucional.

La titular de la SFP explicó que las reformas a la Constitución, que en mayo de 2015 dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), representan un cambio de paradigma para combatir esta problemática y un paso a favor de una nueva cultura de la legalidad.

En ese marco, apuntó, en julio de 2016 fue publicada la LGRA, que permite una coordinación de mayor profundidad entre los tres órdenes de gobierno, categoriza las faltas graves y las no graves, y encauza los casos de mayor gravedad al Tribunal de Justicia Administrativa o al Ministerio Público.

Asimismo, establece procedimientos que refuerzan la garantía de audiencia y separan las etapas de investigación, substanciación y resolución, y que en los procedimientos debe observarse el principio de presunción de inocencia.