Cumplir con la meta de invertir uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología no solo demanda la participación del sector público, sino también de empresas privadas, para lo cual se debe diseñar una política en ese sentido para el financiamiento al sector.

Así lo establece el artículo “Estímulos fiscales para promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación”, publicado en el Núm. 33 de la revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

Los estímulos fiscales y reformas como la de telecomunicaciones y la energética, podrían incrementar la participación del sector privado en proyectos de investigación científica, afirma, porque cumplir con la promesa de alcanzar una inversión nacional de uno por ciento del PIB en Ciencia, Tecnología e Innovación no significa que el Estado tenga que asumir toda la responsabilidad financiera.

También revela que, en las últimas tres décadas la inversión privada ha disminuido en forma sistemática hasta llegar a una participación menor al 20 por ciento en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), que es el indicador utilizado internacionalmente para medir la inversión en ciencia y tecnología.

En contraparte, refiere, la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación se ha duplicado, con una participación en los últimos años de alrededor del 70 por ciento en el GIDE, y enfatiza que en ningún país del mundo el Estado asume en solitario la tarea de invertir en el desarrollo científico y tecnológico.

De hecho, argumenta, los 15 países líderes en este rubro tienen en común una participación preponderante del sector privado en el GIDE.

“Nuestro país se encuentra a contracorriente de las tendencias globales que reflejan una responsabilidad compartida —política y empresarial— en la que se asume la trascendencia económica y social de la CTI, sostiene el artículo elaborado por Juan Carlos Amador Hernández.

Ante este panorama, destaca, cobran relevancia los estímulos fiscales para promover la inversión en ciencia y tecnología, como las reformas a la Ley del ISR, aprobadas por el Congreso de la Unión en octubre de 2016, y el Programa de Repatriación de Capitales.

Sobre los primeros resultados de las reformas en materia de Impuesto Sobre la Renta, la investigación precisa que en el ejercicio fiscal 2017 la Secretaría de Hacienda recibió 162 solicitudes para obtener el incentivo, por un monto cuatro mil 734 millones de pesos. Mientras que por el Programa de Repatriación retornaron al país 220 mil millones de pesos, que tendrán un impacto aún por calcular en el GIDE.

La importancia de este tipo de estímulos radica en su potencial para promover la participación financiera y el compromiso social de las empresas en la generación de conocimientos y tecnologías que incidan no solo en el capital científico, sino en la productividad y competitividad.

Además, reformas estructurales como la de telecomunicaciones y la energética, podrían incidir positivamente en la investigación científica impulsada por las empresas privadas, por medio de proyectos de inversión de mediano y largo plazo, señala el documento.